Después del brindis de fin de año con los empleados de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta recibe a Clarín en su oficina. Aún ocupa la que tenía como jefe de Gabinete, en el 2° piso de la sede gubernamental de Parque Patricios diseñada por Norman Foster. Un piso más arriba, lo espera el despacho que hasta hace días tuvo el presidente Mauricio Macri, pero todavía no tuvo tiempo de mudarse. Como jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta tiene otras prioridades. Una de ellas es planear todo lo que podrá hacer en colaboración con el Gobierno nacional y el Provincial, un escenario que ni los macristas más optimistas creían posible antes del 25 de octubre.
“Si uno mira tema por tema, se da cuenta de que poder trabajar con Nación y Provincia da muchas posibilidades para hacer más cosas muy buenas. Como gestión, te amplía el panorama, pero también la responsabilidad”, evalúa. Mientras habla, mueve los brazos con entusiasmo. Se lo ve de buen humor, con ganas de empezar cuanto antes a avanzar sobre cuestiones que, hasta hace poco, estaban vedadas por la mala relación con el Gobierno kirchnerista. Desde el traspaso de la Policía Federal hasta la urbanización de terrenos ferroviarios abandonados o la construcción de viaductos para eliminar barreras, pasando por la implementación de una red metropolitana de transporte. “Cada una de estas cosas es un mundo y va a ser un desafío de gestión monumental”, asegura.
La prioridad, anticipa, será unificar a la Superintendencia Metropolitana de la Federal con la Policía Metropolitana, lo que implica recibir entre 15 y 20 mil hombres. “Iniciar este proceso es una tarea titánica”,sostiene, y dice que ya hay equipos de trabajo abocados a esto.
¿Cómo será la unificación?
Hay que fusionar dos organizaciones, no es que una toma a la otra. Algún día, se van a llamar igual. Lo importante es que haya una sola fuerza con una sola tecnología y un solo sistema de comunicaciones. También hay que empalmar los salarios y los escalafones.
¿Se pagará con fondos porteños?
Planteamos que el Gobierno nacional pase los efectivos con sus respectivos fondos, para que ni Nación ni Ciudad pierdan plata. La Constitución Nacional dice que toda transferencia de funciones debe estar acompañada de los fondos.
Se vincula a la Policía, por ejemplo, con los trapitos, ¿cómo va a hacer para que le responda?
Si tenemos pruebas de que hay un policía relacionado con actividades ilegales, habrá que sacarlo, pero no creo que sea un tema sistémico. Como en toda institución, en la Federal hay gente buena, que tiene vocación y quiere hacer las cosas bien. Tengo toda la confianza de que con un mensaje y una conducción política claros, habrá una mejora. Y hay que sacar más efectivos a la calle. La fusión de las fuerzas es un primer paso para mejorar la seguridad, pero no el único.
¿Cuáles son los otros?
El desafío es recuperar el sentido de convivencia en la Ciudad, que está muy deteriorado. La inseguridad es la expresión más grave de esa crisis de convivencia, pero hay otras, como el vandalismo, el uso particular del espacio público o la agresividad en el manejo. La gente está como crispada.
¿Cómo recuperar la convivencia?
Ayuda tener una visión urbana de que el espacio público es para disfrutar. La mejora del espacio público genera convivencia y crea un círculo virtuoso: la gente cuida mucho más los lugares arreglados. Vamos a profundizar el modelo de las peatonales, extendiendo el concepto a otras calles del otro lado de la Plaza de Mayo, como hicimos en Bolívar. Hay que estudiar el flujo de tránsito, pero se podría hacer algo similar en Tribunales. Y en los barrios, en sectores más chicos, como hicimos en el Barrio Chino.
¿Va a sacar a los manteros?
A la gente hay que darle alternativas. Recuperar terrenos hoy en desuso nos permitirá dárselas a los manteros y regularizarlos. Por ejemplo, en Once, en la calle Perón hay tres cuadras de corralones abandonados junto a las vías, donde podrían trabajar.
¿Van a urbanizar las villas?
Sí, trabajando con Nación. La Ciudad accedía a poquísimos planes de vivienda nacionales, por la discriminación que se hacía a los que no eran del signo político del gobierno. Ahora, el hecho de que nos pasen los terrenos, porque muchas están en predios ferroviarios, más poder acceder a programas de vivienda federales nos permitirá acelerar el proceso de urbanización.
¿Qué planea en Transporte?
Seguiré apostando y privilegiando al transporte público. Una prioridad es mejorar la frecuencia del subte, con la incorporación de trenes. Y vamos a terminar la extensión de la línea H para que vaya desde Pompeya hasta la Facultad de Derecho, y la de la línea E, para que llegue hasta Retiro. En este caso, la Nación hizo la obra civil, pero no las vías ni la comunicación. Cuando nos transfieran la obra, hacen falta dos años de trabajo.
“En Transporte, el equipo de Nación, Provincia y Ciudad es uno solo”, deja en claro Larreta. Esto, dice, abre la puerta para hacer una Red Metropolitana de Metrobus, que vinculará a la Ciudad con los partidos bonaerenses de Avellaneda, Lanús, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín y San Isidro. Y también permitirá avanzar con la creación de una Red de Expresos Regionales, conectando los ferrocarriles del área metropolitana a través de 16 km de túneles.
¿Qué impronta quiere dejar en la Ciudad?
Quiero mantener la actitud de cambio, que es lo que caracterizó a nuestro Gobierno con Mauricio. Se creó una policía desde cero, el Metrobus, la movida de las bicicletas. Hubo muchos proyectos innovadores, algunos muy discutidos, pero que igual llevamos adelante con un resultado general bueno. Voy a seguir con esa actitud, a la cual ahora se la enorme oportunidad de trabajar en equipo con el Gobierno nacional y con la Provincia.

Una ley aprobó la formación de un ente de la propiedad horizontal, en el que los propietarios son minoría; fuerte reclamo de representantes de vecinos
Las últimas horas de debate en la Legislatura porteña siguen provocando coletazos. A las idas y vueltas que generó la discusión por el presupuesto 2016, se suma, por ejemplo, una ley que creó un organismo integrado por diferentes actores de la propiedad horizontal porteña y que encendió la polémica.
Se trata del Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires (Cphcaba) que, entre sus funciones, tendrá la responsabilidad de crear, administrar y mantener actualizada una matrícula habilitante de administradores profesionales, fijar el monto de cuotas y costos por matriculación de los administradores, así como el valor de los aranceles que deba percibir por los servicios que brinde.
Lo que pareció surgir como una bocanada de aire fresco para el rubro, que por primera vez tendría representantes de todos los sectores en un comité ejecutivo integrado por 11 miembros, se convirtió en un mar de dudas para algunos de los actores, que reclaman mayor participación. Temen que las decisiones tomadas por el comité ejecutivo generen mayores gastos a los consorcios y que se trasladen al propietario o inquilino en las expensas, que ya durante 2015 tuvieron un incremento promedio superior al 30% entre el aumento salarial y los bonos especiales que recibieron los encargados.
El comité ejecutivo, órgano central del Cphcaba, quedaría constituido por tres actores de las cámaras oficiales de la propiedad horizontal, tres del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), uno del sector de consorcios y propietarios, uno relacionado con la defensa de los consumidores, uno del nuevo gremio de Empleados de Administradores de Consorcios, otro de la Defensoría del Pueblo y otro del gobierno porteño.
"Es una aberración, porque se coloca a toda la propiedad horizontal en manos de una corporación privada, creada por el Estado, pero en manos privadas. En su mayoría estará formada por el sindicato de encargados y, en su minoría, por los administradores y los propietarios", opinó el presidente de la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, Osvaldo Loisi,
En la Capital, se estima que existen por lo menos 50.000 consorcios y funcionan unas 5000 administraciones privadas. Cada una de ellas debería, una vez promulgada la ley y creado el Consejo de la Propiedad Horizontal, obtener una matrícula, renovarla todos los años, pactar los haberes mensuales y cumplir con el código de ética y el reglamento general que exigirá el comité ejecutivo.

El proyecto convertido en ley, elaborado por el legislador saliente del Frente para la Victoria Fernando Muñoz, destaca que el Cphcaba será un ente participativo porque "crea un espacio de debate y discusión"; plural, ya que estará integrado "por todos los sectores alcanzados por las relaciones jurídicas"; representativo, pues "cada uno de los sectores se encuentra representado en igual proporción", e independiente de los poderes públicos, porque "su accionar no estará ligado funcionalmente a ningún órgano del gobierno de la ciudad".
Juez y parte
Sin embargo, para el presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Caphai), Daniel Tocco, "la representación será avasallada y habrá dificultades para tomar decisiones" debido a que no existirá un reparto equitativo entre los lugares a ocupar.
"Se está creando un órgano que legislará y tomará medidas que terminará pagando el vecino. Tendrá facultad para dictar normativas que generarán mayores gastos para el propietario o el inquilino, por lo que podrían aumentar las expensas. El vecino estará atado a decisiones de un sindicato a los que les paga el sueldo", justificó.
El gremio que representa a los encargados de edificios será uno de los actores con mayor presencia en la conformación del comité, que no será utilizado para discutir las paritarias del sector. "La paritaria se negociará por otro lado, en el Consejo se hablarán otras cosas", confirmó el titular de Suterh, Víctor Santa María.
El sindicalista opinó que la formación del ente es una buena oportunidad para reunir a todos protagonistas del rubro. "Estarán todos los actores representados: inquilinos, empleados, administraciones, el gobierno. Le da una nueva vida a la propiedad horizontal que hasta ahora no tenía", agregó. "¿La representatividad? Nosotros tratamos de estar en igualdad de condiciones con los administradores porque son nuestra contraparte; no nos preocupa que haya más integrantes", aclaró.
Otros rechazos
"Lo primero que noto es un desequilibrio entre los representantes. No puede haber un miembro de las ONG de consumidores y tres de otros sectores. Eso puede provocar que se resuelvan cuestiones en favor de los administradores o de los sindicatos y en perjuicio de los inquilinos y los dueños", alertó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. "Pensamos que está bien que se integre un consejo, pero con mayor equilibrio entre sus miembros para que las resoluciones sean más equitativas y representen a todo el conjunto de los interesados", agregó.
El fin de año podría traer más polémica en torno del flamante Consejo de la Propiedad Horizontal porteño. Algunas de las partes que ya mostraron su disconformidad ante la sanción de la ley están realizando diferentes acciones para que las autoridades revean la norma antes de ser promulgada, hasta diez días hábiles después de su sanción, que ocurrió el jueves 3 de este mes. La primera opción es introducir cambios; la segunda, más radical, solicitar directamente el veto.
Un estructura con mandato por tres años
El Consejo de la Propiedad porteño no sólo estará constituido por un comité ejecutivo de 11 miembros. Además, tendrá un consejo asesor, una comisión fiscalizadora, un centro de resolución de conflictos y un tribunal de disciplina. Todos los miembros tendrán un mandato de tres años. Según se prevé, sus recursos económicos y financieros saldrán de la matriculación de los administradores, de donaciones o subsidios que reciba, del pago de las multas por incumplimiento del reglamento general, entre otros.

Las nuevas autoridades prometen un trabajo en conjunto de políticas públicas entre la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires para buscar la baja de los índices delictivos
En los barrios más humildes de la zona sur, hay noches en que los vecinos no pueden dormir por el estruendo de los disparos. La muerte está cerca. Las villas porteñas son el escenario donde ocurre un tercio de los homicidios de la ciudad de Buenos Aires. En Recoleta, Palermo y en otros puntos del sector norte de la Capital, en cambio, la preocupación son los delitos contra la propiedad.
La inseguridad y el delito en la ciudad de Buenos Aires son asimétricos: golpean de diferentes maneras de acuerdo con la zona y los barrios. El primer desafío de las nuevas autoridades nacionales y porteñas que asumieron en las últimas horas será equilibrar las diferencias y coordinar el trabajo de las diferentes fuerzas de seguridad­: la Policía Metropolitana y la Policía Federal.
"El principal desafío que tienen las nuevas autoridades es equilibrar las asimetrías que existen en la ciudad de Buenos Aires respecto de la tasa de delitos que hay según la zona", afirmó el especialista en seguridad Diego Gorgal.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, trabajarán en conjunto con Cristian Ritondo, que ayer asumió la cartera de Seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Según pudimos saber de autoridades del nuevo gobierno porteño, la prioridad será la recuperación del espacio público para el vecino. "Queremos que los vecinos sientan que la calle es de ellos", explicaron las fuentes consultadas.

Durante el año pasado, 198 personas fueron asesinadas en la ciudad de Buenos Aires. La cifra representa un aumento del 13% respecto de los 176 homicidios ocurridos en 2013. Las cifras corresponden a un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura.
Según informaron calificadas fuentes de la Policía Federal, la zona más roja del mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires es la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, una zona caliente del narcotráfico, donde nada parece frenar las ejecuciones y las peleas entre bandas; le siguen los barrios de Flores y Caballito.
"En tres o cuatro villas ocurre un tercio de todos los homicidios de la ciudad de Buenos Aires", sostuvo Gorgal para graficar uno de los problemas que el Estado aún no pudo resolver.
El diagnóstico coincidió con la opinión de un experimentado detective de la Policía Federal al ser consultado sobre cuál es el peor problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires: "La falta del Estado en las villas permite la existencia de aguantaderos. Hemos comprobado la existencia de búnkers para la distribución de la droga. La mayor cantidad de homicidios se registra en esos barrios. Allí, la vida parece valer menos".
Desde 2011, por una decisión de la por entonces ministra de Seguridad de la Nación y hoy diputada nacional, Nilda Garré, hay tres fuerzas federales que tienen como tarea la prevención del delito en territorio porteño. La por entonces funcionaria nacional sumó en la zona sur a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval.
Operativo Cinturón Sur
Hasta hoy, hay 1760 gendarmes y 1250 prefectos por las calles porteñas, sobre todo en las villas. Ni Bullrich ni el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, que asumió en lugar de Sergio Berni, todavía informaron si el Operativo Cinturón Sur (como Garré llamó al repliegue de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en el sur porteño) continuará en 2016.
"En un primer momento fue un impacto positivo la presencia de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval", afirmó Gorgal.
Los prefectos y los gendarmes se sumaron a los casi 6000 oficiales de la Policía Metropolitana que están en las calles porteñas y los 30.000 integrantes de la Policía Federal que responden a la estratégica Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
"El problema de la inseguridad no lo va a resolver una fuerza por más eficiente que sea si no hay una voluntad del gobierno que sea para irrumpir con propuestas fuertes de inclusión. Tiene que fortalecerse la relación entre provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Nación para que la General Paz no sea un pasaje a la impunidad", afirmó un calificado y experimentado jefe de la Policía Federal.
Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense explicó que habrá una política clara para trabajar en forma coordinada con las autoridades de Nación y de la ciudad de Buenos Aires.
"No hay dudas: habrá un trabajo en conjunto y coordinado en favor de los vecinos", dijo una fuente porteña.
Por ahora no habrá anuncios oficiales
"Todavía no vamos a hacer ningún tipo de anuncio", sostuvo ayer la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al salir de la Catedral metropolitana donde participó de una ceremonia religiosa con el resto del gabinete nacional.
"Cuando tengamos hechos concretos ustedes se van a enterar", dijo la funcionaria nacional ante la consulta de los medios sobre si ya había una serie de medidas respecto a políticas de seguridad.
Todavía no se anunció qué pasará con los gendarmes y prefectos que están afectados a tareas de prevención del delito en zonas calientes de la ciudad de Buenos Aires, como la villa 1-11-14.
Otro tema para resolver será qué pasará con los uniformados de la Policía Federal que, antes del ballottage, el Ministerio de Seguridad había enviado a San Martín y Tres de Febrero, dos distritos conflictivos del conurbano bonaerense.
El conflicto
La falta de coordinación entre jurisdicciones
Si bien en el último tiempo hubo una cierta calma, no faltaron las disputas entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por quién debía hacerse cargo de áreas claves como la seguridad en los subtes o en los hospitales públicos: si la Policía Federal o la Metropolitana.
La posible solución
Políticas de trabajo en equipo
Las políticas de seguridad en Nación, ciudad de Buenos Aires y territorio bonaerense estarán a cargo de funcionarios del mismo sector político que prometen trabajar en equipo y en forma coordinada para intentar terminar con una de las mayores preocupaciones de la gente: el delito.