14/03/2011 |
BALLET
CONTEMPORANEO DEL TEATRO SAN MARTIN |
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El
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, que actualmente
dirige Mauricio Wainrot, fue creado en 1977. Es decir que en 2007
la compañía celebró treinta años de
actividad ininterrumpida como cuerpo artístico permanente.
Hecho trascendente para una compañía argentina de
estas características en tanto significa aprovechar los valores
de la continuidad, la experiencia y el crecimiento sostenido, que
le han permitido consolidar un nivel artístico de excelencia
tanto en nuestro país como en el extranjero. Para muchos,
el Ballet Contemporáneo es en la actualidad la compañía
de danza más destacada de Argentina.
Ese recorrido que encuentra hoy al Ballet en un momento de grandes
logros y reconocimiento, tuvo su antecedente más inmediato
en el elenco de danza que dirigía Oscar Araiz y que estuvo
vinculado con el Teatro San Martín entre 1968 y 1971. Pero
la compañía como tal se inició cuando Kive
Staiff, Director General y Artístico del Teatro San Martín
por aquellos años, convocó en 1977 a la bailarina
y coreógrafa Ana María Stekelman para ponerla al frente
de lo que en ese momento se denominó Grupo de Danza Contemporánea
del Teatro Municipal General San Martín. Posteriormente,
en 1988, la compañía adoptó el nombre definitivo
con el que hoy se la conoce.
En distintos períodos la dirigieron también Norma
Binaghi, Lisu Brodsky y Alejandro Cervera, Oscar Araiz, Andrea Chinetti
y el propio Mauricio Wainrot, en dos ocasiones, la segunda de las
cuales comenzó en el año 1999.
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín ha realizado
numerosas giras nacionales e internacionales presentándose
entre otros países en la ex Unión Soviética,
España, Canadá, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
Y se ha visto beneficiado por la concurrencia de prestigiosos coreógrafos
argentinos y extranjeros que han montado obras para la compañía:
Ana Itelman, Renate Schottelius, Ana María Stekelman, Oscar
Araiz, Alejandro Cervera, Gustavo Lesgart, Roxana Grinstein, Noemí
Lapzeson, Roberto Galván, Margarita Bali, Susana Tambutti,
Walter Cammertoni, Miguel Robles, Carlos Casella, Diana Szeinblum,
Carlos Trunsky, Diana Theocaridis, Mariana Estévez y Mauricio
Wainrot, entre los argentinos, y Mark Godden, Ginette Laurin, Nils
Christe, John Wisman, Robert North, Jennifer Müller, David
Parsons, Marc Ribaud, Jean-Claude Gallotta, Serge Bennathan, Richard
Wherlock, Ton Wiggers y Vasco Wellenkamp, entre los extranjeros.
Los bailarines que integran el Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín son Victoria Balanza, Nicolás Berrueta,
Nira Bravo, Melisa Buchelli, Facundo Bustamante, Carolina Capriati,
Matías De Cruz, Flavia Dilorenzo, Lautaro Dolz, Laura Higa,
Theo Kiyoyuki Yano, Gerardo Marturano, Alexis Mirenda, Sergio Muzzio,
Leonardo Otárola, Silvina Pérez, Diego Poblete, Eva
Prediger, Rubén Rodríguez, Andrés Rosso, Sol
Rourich, Ivana Santaella, Agostina Scarafía, Vanesa Turelli,
Ivana Villada, Margarita Wolf. Los aprendices son Sofía Sciaratta
y Matías Mancilla. Los asistentes coreográficos son
Miguel Elías y Elizabeth Rodríguez.
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HABLEMOS
DE INFLACIÓN |
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Nuevamente,
como a mediados del 2008, la ciudadanía es acosada con el
problema de la inflación, del aumento sostenido de los precios.
Y esto, por dos carriles. De una parte, mediante un estrepitoso
ruido mediático que busca instalar, en el sentido común
de la sociedad, la idea de que nos encontramos ante un “desborde
inflacionario incontrolable” que genera “incertidumbre,
desazón, impotencia”; a la vez, procura concentrar
la bronca en el gobierno nacional, a quién los medios concentrados
le atribuyen la “autoría intelectual” del incremento
de los precios. De otra parte, porque el alza de los precios efectivamente
golpea el bolsillo de los argentinos y, muy en particular, de los
trabajadores y los sectores con menos recursos.
El asunto es que el tema está instalado en el imaginario
de sectores muy amplios de la sociedad. Y la oposición político-mediática
tiene la determinación de imponerlo como uno de los ejes
principales de la campaña electoral (junto con la inseguridad,
la represión de la protesta social y la corrupción).
Por eso, compañera, compañero, este texto que te proponemos,
lejos de ser una invitación a la consigna fácil, es
un llamado a que estudiemos, reflexionemos y debatamos, tanto como
seamos capaces, acerca de este fenómeno del aumento de los
precios; sobre todo, porque constituye una de las herramientas de
la oligarquía y los monopolios para orientar a su favor la
distribución de la riqueza nacional.
El aumento de los precios es un componente significativo de la coyuntura
actual.
En primer lugar, porque cada peso adicional que un ciudadano debe
pagar por un producto (o servicio) a causa del alza de los precios,
es un peso menos en el bolsillo de millones de argentinos y un peso
más que se va reptando hacia las arcas de las corporaciones.
En este sentido, el aumento de los precios es un mecanismo perverso
y regresivo de distribución del ingreso porque castiga a
las mayorías para beneficio de unos pocos grandes empresarios.
Beneficio que crece en directa proporción al grado de concentración
de los mercados.
Pero el lado aún más injusto de la inflación
se expresa en el caso particular de los productos alimenticios.
Alimentarse representa entre el 30 y el 50 por ciento del salario
de los trabajadores o del ingreso de los ciudadanos pobres. El aumento
de los precios de los alimentos hace que millones de ciudadanos,
y muy especialmente el pueblo trabajador y los sectores más
humildes, financien con una parte importante de sus ingresos la
formidable acumulación de beneficios de unos pocos monopolios
de la producción, el comercio y las finanzas.
En segundo lugar, porque es utilizado por las fuerzas de la oposición
reaccionaria como elemento de desestabilización del gobierno
y las instituciones.
Ambos aspectos quedaron expuestos de manera cruda y dolorosa durante
la crisis de las retenciones móviles, en el 2008. En esos
largos meses de bloqueo de rutas y de la economía, desabastecimiento
y destrucción de alimentos, las patronales del campo provocaron
un incremento adicional en los precios de la carne, el pan, la leche
y pusieron a toda la ciudadanía en situación de rehén
de unos pocos miles de empresarios dispuestos a imponer por la fuerza
sus intereses económicos y políticos corporativos.
Ahora bien, con la inflación (como ocurre con los demás
temas de la situación social, económica, política
e institucional), si el objetivo es tratar de conocer el fenómeno
en sus orígenes, intentar comprender sus causas y sus consecuencias
en el momento histórico actual, debemos necesariamente separar
el ruido que provoca el relato mediático opositor de las
señales que efectivamente emite la realidad.
El
ruido del relato mediático:
Para
la oposición, “estamos a las puertas de un proceso
hiperinflacionario”. ¿No dice Mauricio Macri, que
“la inflación va rumbo a descontrolarse”? ¿Y
no lo corrige Elisa Carrió, señalando: “la
inflación ya está descontrolada”? Todo esto
en el marco de comparar el alza actual de precios en nuestro país
con lo que ocurría en la Alemania de la crisis de los ’30,
como hace el Jefe de Gobierno de la Ciudad.
Por ejemplo, durante el conflicto con las patronales del campo,
técnicos, especialistas y periodistas muy aceitados en
los intereses de las finanzas internacionales, vaticinaban para
el año 2008 “una aceleración inflacionaria
todavía mayor”, que sería “acompañada
o precedida por una fuga de capitales”, todo lo cual llevaría
a “un aterrizaje forzoso de la economía”. En
números, no se privaban de pronosticar para ese año
que la inflación llegaría a rozar el 50%, el crecimiento
del PBI caería al 2%, el país entraría en
una severa recesión y el dólar se dispararía.
Por si faltara gráfica, los titulares de publicaciones
influyentes de EEUU y Europa, giraban en torno a ideas apocalípticas
del estilo de: “Cristina en el país de la ficción”,
“Argentina se empantana en el barro de la crisis”,
“Crece el fantasma de un nuevo default”. Para ayudar
a que se cumplan estos pronósticos (y esto ya no es solo
hacer ruido sino, lisa y llanamente, conspirar), varios bancos
extranjeros (Citibank, JP Morgan, Deutsche) emprendieron en nuestro
país, a fines de abril de 2008, una fuerte movida especulativa
contra el peso comprando dólares en ventanilla y a futuro
a precios más altos que los del mercado. Provocaron así
una significativa corrida cambiaria que obligó al Banco
Central a utilizar casi el 3% de las reservas para frenarla. Con
igual intención desestabilizadora, desplegaron una política
muy agresiva de ventas de títulos de la deuda pública.
El mensaje a la opinión pública, en coincidencia
con la “intencionalidad mediática de presentar al
país en una crisis”, no era otro que cubrirse en
dólares y llevárselos al extranjero antes que el
país se hundiera como en el 2001. ¿El objetivo?
Aprovechar la incertidumbre (y la angustia) que provocaba en la
población el persistente y grave conflicto político
y social impulsado por el bloque sojero de las patronales del
campo y generar un clima de crisis política, agitando el
fantasma de la hiperinflación y la debilidad institucional.
Al mismo tiempo, le atribuían la responsabilidad de todo
esto a la política del gobierno de cierta ingerencia y
regulación en los mercados. Y proponían como salida
un rápido recambio institucional y el regreso a las desregulaciones
de los ’90.
Maniobras conspirativas y destituyentes que mostraron su lado
más burdo cuando Nicolás Salvatore, titular de la
consultora Buenos Aires City (ampliamente citada por el grupo
Clarín y La Nación para “evidenciar las mentiras
del INDEC”), se paseaba por los medios hegemónicos
para celebrar que el gobierno de Cristina Fernández se
terminaba con el mundial de futbol, a causa de la inflación.
“La inflación es un fuego santo, purificador, que
incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera –decía
este reaccionario y activo aprendiz de desestabilizador-. Brindo
por Phi (la inflación esperada, la expectativa inflacionaria).
Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de
que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto”.
Las
señales que emite la realidad:
Alejémonos un poco del ruidoso relato mediático
opositor y tratemos de explicarnos, ¿quién sube
los precios? y ¿cuáles son las características
de la inflación actual?
A la primera pregunta, los economistas tradicionales -que reflejaban
la realidad cuando los mercados eran competitivos- respondían
que los precios son la resultante de la libre competencia entre
la oferta y la demanda. A una mayor oferta, le sigue una baja
de los precios. Y a una mayor demanda, le sucede un alza. Siguiendo
esta línea de reflexión, desconociendo u ocultando
las transformaciones habidas en los mercados domésticos
e internacionales, los economistas neoliberales señalan
que la causa del actual proceso de alza de precios en nuestro
país radica en la insuficiencia de la oferta para satisfacer
una demanda creciente. Y que el origen de esa debilidad se encuentra
en la falta de dinamismo de la inversión, que no alcanza
a responder en tiempo a la presión que ejerce la demanda
de bienes. La receta, claro, no es otra que la clásica
del FMI: enfriar la economía. No se equivocaba Néstor
Kirchner, cuando señalaba: “Los que fundieron el
país con esas recetas, ahora quieren nuevamente enfriar
la economía”.
Esas explicaciones de manual de texto, repetidas de memoria por
los economistas neoliberales, no reflejan lo que realmente ocurre
en gran parte de nuestros mercados, que no son ni competitivos
ni transparentes sino altamente concentrados, monopólicos.
Y precisamente por eso, la incidencia de la relación entre
la oferta y la demanda (aún cuando no desaparece) no es
el elemento determinante en la formación de los precios.
Cuando la capacidad de formar los precios en los productos y servicios
claves de la actividad económica se concentra en muy pocas
empresas y cuando el estado carece de instrumentos de regulación
o no los utiliza adecuadamente, la inflación se convierte
en una efectiva herramienta para que esas empresas monopólicas
recuperen por esta vía lo que hayan debido ceder a los
trabajadores en aumentos de sueldos.
Una investigación publicada el 11 de mayo de 2008, en Página
12 bajo el título “Ser grandote tiene sus privilegios
económicos”, nos da una serie de ejemplos de cómo
funcionan los mercados domésticos y cómo se refleja
esta situación en el índice de precios al consumidor.
Desde el año 2007 –informa- se han empezado a verificar
aumentos de precios en bienes sensibles de la canasta básica
de alimentos y en productos clave de la actividad económica.
Y el estudio de los últimos balances de las principales
empresas dedicadas a productos de consumo masivo que ejercen posición
dominante en el mercado, demuestra que esas firmas incrementaron
sustancialmente sus ganancias gracias a la aplicación de
fuertes ajustes en los precios. Obtuvieron beneficios extraordinarios
aumentando sus utilidades en porcentajes, en algunos casos, de
hasta el 75%.
Lo mismo ocurrió en el rubro de insumos claves del proceso
productivo, con encadenamiento a sectores que impactan en el bolsillo
de la población. Aquí se dieron aumento de las utilidades
hasta en un 112%.
En la mayoría de los balances de las compañías
líderes en sus respectivos mercados, aparece como una constante
que han disminuido, o no han acompañado al mismo ritmo
de sus ventas, el monto de las inversiones destinadas a ampliar
su capacidad productiva para abastecer al mercado interno. Esto
pone en evidencia una clara determinación de obtener sus
ganancias por medio de los precios y no por el aumento de la cantidad
de productos ante el crecimiento de la demanda interna. En cambio,
varias de ellas realizaron importantes inversiones destinadas
a las actividades vinculadas a la exportación.
En todos los balances de las líderes queda en claro que
los monopolios se están apropiando de una porción
cada vez mayor de la renta generada por la economía.
A esta situación, solo cabe agregar que la mayoría
de los bienes de consumo masivo son comercializados por un pequeño
grupo de supermercados e hipermercados que por ejercer un poder
concentrado en la comercialización, funcionan a la vez
como un monopolio de compras (oligopsonio), lo que los coloca
también en la posición de formadores de precios.
Al punto que, entre julio de 2007 y marzo de 2008, aplicaron aumentos
que llegaron a triplicar el incremento de sus costos.
La inflación, entonces, en la actual coyuntura, en lo principal,
“es expresión de las ganancias extraordinarias de
los monopolios”, que buscan de este modo arbitrar a su favor
en la actual puja redistributiva.
La influencia del aumento del consumo interno:
A la segunda pregunta, y siempre apoyándonos en las investigaciones
de conocidos economistas, debemos responder que, además
de la maximización de ganancias por parte de los monopolios,
hay otros elementos que inciden en la inflación actual.
Fruto de la mejora de la situación laboral y de los ingresos
de sectores muy amplios de la población, en los últimos
años creció el consumo de bienes y servicios. Este
crecimiento de la demanda, y la presión que ejerce en los
mercados, tiene como consecuencia un incremento relativo de los
precios. Es lo que los economistas consideran una inflación
normal. Que no impide ser absorbida por un aumento de sueldos
y salarios levemente superior al costo de la vida, de manera que
se establezca una tendencia positiva, favorable a las mayorías
nacionales, en la redistribución de la riqueza. Tendencia
que se sustenta en el crecimiento de la productividad del trabajo.
Es lo que venía ocurriendo entre 2003 y 2006, hasta que
los monopolios dijeron basta, marcaron la cancha (pusieron un
límite al reparto de la torta) en función de sus
intereses corporativos y expresaron vía precios su voluntad
a no resignar “las tasas de ganancias extraordinarias alcanzadas
luego de la violenta transferencia de ingresos que implicó
la mega devaluación” de diciembre de 2001.
Por otra parte, esas maniobras alcistas de los monopolios sobre
los precios, al punto de poner en vilo a toda la población,
les sirven de doble argumento reaccionario bien amplificado por
los medios de comunicación: de un lado, intentan trasladar
la responsabilidad al Gobierno acusándolo de ineficiente,
de no proponer reglas claras, de no garantizar la seguridad jurídica
necesaria al desarrollo de la inversión privada; y de otro
lado, procuran devaluar las demandas de aumento de sueldo de los
trabajadores señalándolas como las causantes de
la inflación.
La política de los monopolios industriales de no invertir
lo suficiente en la producción y buscar la maximización
de sus ganancias por precio y no por cantidad, por salarios bajos
y no por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos e incrementar
el consumo, es funcional a sus intereses de utilizar masas enormes
de capitales para desarrollar la fuga de divisas y la especulación
financiera (ahora orientada en buena medida a la producción
agroexportadora).
Por eso plantean enfriar la economía y aplicar políticas
de ajuste. Para disponer de mayores saldos exportables de alimentos.
Y porque con ello marcarían el fracaso del modelo de acumulación
capitalista con inclusión social impulsado por los gobiernos
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Fracaso
que, en las condiciones actuales del movimiento popular, dejaría
nuevamente a nuestro pueblo a merced de las políticas neoliberales
del FMI y en manos de la oligarquía, las empresas monopólicas
y el capital financiero internacional.
Por eso igualmente, y desde una concepción opuesta, considerando
que no vivimos en nuestro país una situación de
pleno empleo (por el contrario, son aún millones los ciudadanos
que viven en la aguda pobreza y privados de la dignidad del trabajo),
la solución a esta inflación no pasa por enfriar
la economía. Por el contrario, como bien lo plantea el
gobierno de Cristina Fernández, se trata de continuar impulsando
el desarrollo económico nacional con industrialización
e inclusión social. Y, a la par del estimulo al crecimiento,
continuar avanzando en dos frentes.
De una parte, perseverar en la lucha por mejorar los salarios
y las condiciones de vida del pueblo trabajador. La necesidad
y la posibilidad de esta lucha tiene una doble base material:
la histórica, con picos de participación del trabajo
en la distribución del ingreso que superaron el nivel de
50%; y la económica, producto del incremento significativo
de la productividad. “La productividad, siendo creciente
–señala el economista Javier Lindenboim, del Plan
Fénix-, no llega aún al bolsillo del trabajador”.
De otra parte, implementar desde las instituciones “un sistema
eficiente de control sobre las empresas formadoras de precios”
(las cadenas de valor de cada uno de los mercados internos); un
monitoreo y castigo impositivo a las empresas que no invierten
para aumentar la producción; y un agresivo plan estatal
de apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,
las autogestionadas por los trabajadores y las cooperativas. Como
bien lo señala el periodista Hernán Brienza, “para
la profundización cualitativa del modelo nacional y popular
el Estado debe recuperar su poder de control para poder monitorear
la cadena de formación y detectar los bolsones de especulación
privada”. A la vez, “al conocer en profundidad las
cadenas de valor –propone una organización de pequeños
campesinos que apoya las retenciones móviles- y buscar
con tenacidad la forma de achicarlas, se eliminan eslabones que
no agregan valor, y esto es obviamente antiinflacionario (…).
Si se vincula al que produce con el que consume, a través
del mínimo número de intermediarios necesarios,
ganan los dos extremos: el que produce y el que consume”.
La influencia de la inflación externa:
En un mundo altamente globalizado, con las finanzas, la producción
y el comercio en manos de enormes monopolios multinacionales y
de los capitales especulativos, al realizar nuestros intercambios
comerciales con el exterior, importamos necesariamente inflación.
En este sentido, nos parece correcto señalar que “la
inflación es cada vez más un fenómeno mundial.
Aún cuando necesariamente asume formas e intensidades en
función de los diferentes contextos nacionales”.
Tanto más que, la moneda utilizada de manera universal
para los intercambios comerciales y financieros, el dólar
norteamericano, no tiene un respaldo sólido, ya que su
emisión supera holgadamente a la oferta de bienes producidos
por la economía estadounidense.
Esta inflación externa, concretamente, ejerce presión
en nuestra economía por dos carriles.
Uno. Porque el alza internacional de los alimentos, los hidrocarburos
y las materias primas en general “alienta una inflación
difícil de controlar”. Por ejemplo, según
recientes informes de prensa, es un fenómeno que golpea
duro incluso en los países centrales: “La subida
global en los precios de la comida –comenta un matutino-
ha hecho que EEUU sufra la peor inflación alimentaria en
casi dos décadas y ha llevado a algunas grandes cadenas
a restringir la venta de productos como el arroz (…). Según
la Bolsa de Chicago, los precios del arroz subieron un 170% en
poco más de 12 meses; los del trigo, un 80% y los del maíz
un 50%”. Los granos, oleaginosas (y subproductos) que exporta
nuestro país triplicaron sus precios entre 2002 y el 2007.
Y esto genera en el mercado interno lo que se llama “un
efecto de arrastre”: el precio que el productor obtiene
al vender para el mercado externo determina el precio al que está
dispuesto a vender en el mercado interno. Cuánto mayor
es el valor que obtiene con la exportación, mayor es el
valor que exige por su producto para comercializarlo en el país.
De ahí la importancia de las retenciones móviles
para bajar el precio obtenido en la exportación, y desacoplar
así los precios internos de los externos.
Y dos. Porque la depreciación internacional del dólar
frente a otras importantes monedas, encarece las importaciones
o el costo de numerosos insumos productivos.
La
influencia de las expectativas de la ciudadanía;
Como
bien se sabe, las expectativas de la ciudadanía tienen
su incidencia en el resultado de la inflación. Las expectativas
normales o racionales, es decir, las que surgen de los datos fundamentales
de la realidad económica y de sus resultados, pueden contribuir
a generar un círculo virtuoso de relativa estabilidad:
una inflación controlada que no impide el mejoramiento
de los ingresos y de las condiciones de vida y de trabajo de las
mayorías ciudadanas. Es lo esperable en la situación
que se vive en nuestro país como resultado del crecimiento
sostenido y continuado desde hace más de siete años:
- no hay exceso de dinero circulante y la masa monetaria tiene
un respaldo sólido en las reservas del Banco Central;
- tampoco hay desequilibrio fiscal (cuando el Estado gasta más
de lo que recauda) como el que provocó la hiperinflación
de 1989/1990;
- y no hay desequilibrio comercial (cuando el país importa
más de lo que exporta); como el que se mantuvo casi constante
entre 1992 y 1999 y contribuyó a la crisis de 2001.
Sin embargo, la estabilidad de los precios está siendo
actualmente demolida por los monopolios formadores de precios
y por una campaña frenética de taladrado del imaginario
social. Campaña que es llevada adelante por una amalgama
de fuerzas opositoras y grandes medios de comunicación:
la Asociación de Empresarios de Argentina (AEA), el Grupo
Clarín, los grandes patrones del campo. Como bien lo saben
y lo ponen en práctica estos sectores reaccionarios, las
expectativas exageradas, las mentiras ampliamente difundidas por
numerosos “expertos nacionales y extranjeros” –como
Nicolás Salvatore, de Buenos Aires City, “nos vamos
a encargar de que las expectativas inflacionarias sean altas,
muy altas, recontra altas”-, generan un círculo vicioso
que alimenta una inflación por encima de lo normal. El
problema es serio, porque tienen un enorme poder económico
y una fuerte influencia ideológica en amplios sectores
de nuestra sociedad, incluso en sectores humildes y postergados.
De ahí la campaña mediática opositora que
exagera hasta la obsesión el brote inflacionario, que miente
informando precios exagerados e inexistentes, que no invierte
una línea en investigar seriamente las verdaderas causas
de los aumentos reales. De ahí también se hace evidente
el objetivo perseguido, que, lejos de buscar una solución
al problema de la inflación, solo quiere provocar un desmadre
inflacionario y generar una crisis política destituyente.
¿Y vos, de qué lado estás?
La política de cuanto peor mejor siempre ha sido funcional
a los sectores reaccionarios de la sociedad. Esto ocurrió
repetidamente en diversas etapas de la historia nacional. Y puede
ocurrir nuevamente en las elecciones de octubre, si quienes estamos
decididos a defender los intereses de las mayorías ciudadanas
y desatar el nudo oligárquico-monopólico que frena
el desarrollo de nuestra sociedad, respondemos equivocadamente
a la pregunta: “¿Y vos, de qué lado estas?”.
A propósito, vale la pena recordar que, en plena crisis
de los años 2001-2002, Rudiger Dornbusch, abanderado de
la corporación financiera internacional, que dio 16 conferencias
en nuestro país en ese breve período, proponía
como solución que “un equipo extranjero intervenga
el gobierno argentino y asuma el manejo en áreas críticas
como el control y la supervisión del gasto público,
la impresión de dinero y la administración tributaria”,
de manera “que la Argentina delegue todo lo que se refiere
a los asuntos económico-financieros, por lo menos durante
cinco años, en manos de un grupo de notables extranjeros,
un comité de expertos banqueros”. Dicho comité
–decía Dornbusch-, al “tomar el control de
la política monetaria en Argentina, verificar la performance
fiscal y firmar los cheques de la Nación a las provincias,
privatizar los puertos y las aduanas y remover otros obstáculos
claves de la productividad, hará que el capital extranjero
cambie rápidamente su visión del país y con
ello renacerá en la Argentina la esperanza”. Y agregaba:
“Los argentinos deben entender que sin asistencia masiva
e intromisión externa no podrán salir de este desastre”;
recién después de “ceder temporalmente su
soberanía” en esas áreas, “el Fondo
Monetario debería asistir financieramente al país
y los desembolsos irían llegando a medida que un “comisionado
general” con residencia en el país, de quien dependerían
todos aquellos instrumentos del Estado argentino, “fuera
autorizándolo”.
Buena parte de los consultores políticos y económicos
que hoy operan como voceros de la oposición de derecha,
así como los grupos empresarios criollos –que financiaron
a Dornbusch a razón de 40 mil dólares cada una de
sus dieciseis conferencias-, coincidían plenamente con
el economista norteamericano. Uno de ellos, López Murphy,
obtuvo casi el 17 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales
del 2003.
El panorama para los comicios del 23 de octubre próximo
aparece mucho más definido y tranquilizador. Los analistas
de todas las tendencias dan por ganadora, en primera o en segunda
vuelta, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero un triunfo
simple no va a alcanzar para vencer la enorme resistencia de las
corporaciones, que aún detentan un enorme poder económico
y cultural en la sociedad argentina. En la coyuntura política
actual, para poder avanzar con el proyecto nacional y popular,
en las elecciones de octubre tenemos que ganar por paliza.
Para ello, insistimos, tenemos que lograr que la inmensa mayoría
de las argentinas y los argentinos respondan acertadamente a la
pregunta ¿y vos de que lado estás?, ¿del
lado de los que procuran consolidar y profundizar el proyecto
de Nación impulsado por el kirchnerismo o del lado de quienes,
de una u otra manera, obstaculizan ese rumbo y buscan poner nuevamente
las instituciones del Estado en manos de las corporaciones económicas
y la economía del país en la senda neoliberal de
los ’90?.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
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DISTURBIOS
VIVIENDAS TOMADAS EN PARQUE AVELLANEDA – VENCE EL PLAZO PARA
EL DESALOJO |
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El 11 de marzo venció el plazo que el juez Armella interviniente
en la causa, le dio a los usurpadores de las viviendas del complejo
del Parque Avellaneda para que la desalojaran en términos
pacíficos.
Sin
embargo, se produjeron incidentes cuando allegados a las personas
que usurpan el lugar intentaron acercarles víveres. Los
problemas acontecieron con efectivos de la Policía Metropolitana
Como resultado de las refriegas un efectivo resultó afectado
por un piedrazo, pero posteriormente la situación volvió
a la calma.
Los 204 departamentos están destinados a albergar a 128
familias del asentamiento "El Pueblito" que viven en
las márgenes del Riachuelo, como parte del programa de
saneamiento de esa cuenca que ordenó la Corte Suprema de
Justicia.
Al respecto, el jueves, el ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró
que el desalojo de las familias que desde el fin de semana ocupan
las viviendas compete a la ciudad de Buenos Aires.
En la tarde del jueves, en una conferencia de prensa, el jefe
de gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que
"no hay promesas para la gente que tomó las viviendas"
y que el gobierno que conduce "no va a dar beneficios a aquéllos
que violen la ley", porque "no es justo" para quienes
sí la respetan.
La Corte designó al juez Luis Armella para verificar el
cumplimiento de ese plan elaborado en forma conjunta entre la
Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, canalizadas
en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUNAR).
La Corporación Buenos Aires Sur había contratado
a agentes de la Policía Federal para custodiar el predio
ocupado, por lo que en un escrito presentado ante el magistrado,
el Ministerio de Seguridad afirma que esta circunstancia "no
implica que la Federal haya actuado de oficio ejerciendo competencias
propias".
"Al contrario -destaca el escrito- implica que el sujeto
que contrató los servicios se creía en la obligación
de asegurar la custodia del lugar", por lo que la vigilancia
es "un acto propio de la Ciudad de Buenos Aires que se consideró
en la obligación de asegurar la custodia del complejo para
mantenerlo libre de intrusiones".
Los ocupantes, en su mayoría mujeres embarazadas o con
niños pequeños expresaron que se sentían
"estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que
los había inscripto en planes para obtener una casa"
y que no fueron cumplidos.
"Queremos que nos den la vivienda, nada más. Mi nieta
hace dos años que anda rondando con sus dos hijos",
dijo una mujer quien estimó que "en el predio hay
alrededor de 140 familias y unas 40 criaturas sin agua y sin luz,
porque cortaron los servicios".
No obstante, autoridades de la Capital aseguraron que en el complejo
sólo hay entre 75 y 95 personas.
Esta historia se repetirá porque lamentablemente no hay
un plan maestro en el GCBA en materia habitacional, muy por el
contrario, las partidas fueron subejecutadas y se paralizaron
una cantidad de proyectos que podrían paliar, en cierta
forma, la situación de grandes contingentes de personas
en situación de calle o que viven en villas miserias inhumanamente.
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responsable: Andrea Scatturice
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