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09/08/2009

IMPA: AMENAZA DE DESALOJO

Comunicado de prensa:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.

Reunidos en asamblea, los trabajadores de la fábrica recuperada del barrio de Almagro, dieron paso para resistir las 24 horas en su lugar de trabajo ante la amenaza de desalojo.

Ante la posibilidad de desalojo en la fábrica IMPA los trabajadores en asamblea han decidido hoy permanecer desde este miércoles las 24 horas en su fábrica. Este miércoles también pedirán a los participantes del Centro Cultural que funciona allí mismo que colaboren con la resistencia ante el posible desalojo. No quieren ser sorprendidos. Convocan además para el próximo jueves a las 16 horas a todas las organizaciones políticas y sociales a una asamblea de apoyo para resistir. Vale recordar que el Juez Víctor "Huguito" Vitale amenaza con el desalojo y se funda en el intento de declarar inconstitucional la Ley Nº 2969/08, aprobada en forma unánime por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y sancionada en diciembre de 2008. Acompañemos la lucha.

INVIERNO: PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA VILLA 21-24

Estamos atravesando por la época más fría del año. La villa 21-24, en la que viven aproximadamente 70.000 personas, hoy no cuenta con el servicio de energía eléctrica que es el único que tiene ya que no tienen la posibilidad de tener gas natural, Cuando lo hay el suministro de energía eléctrica se está brindando de forma interrumpida desde hace una semana.
Desde el año 2007 los vecinos/as de la villa 21-24 vienen reclamando la colocación de nuevos transformadores eléctricos en el barrio, denunciado la grave situación de riesgo eléctrico existente por la precariedad de los tendidos y exigiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implemente medidas integrales a través de las cuales se garantice la calidad y seguridad en la prestación del servicio.
Como consecuencia de estos reclamos, y ante el pedido de la ACIJ, el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) realizó una visita al barrio, que derivó en un informe en el cual se constató la grave situación de riesgo eléctrico en las instalaciones de baja tensión, el peligro que esto genera para las personas y recomendaciones para aplicar una guía de diseño que el mismo ENRE elaboró específicamente para asentamientos como la 21-24.
Dicho informe fue difundido por la ACIJ a todas las dependencias de gobierno involucradas, sin obtener respuesta alguna.
Durante el 2010 y habiendo tomado conocimiento del informe, la Defensoría General de la Ciudad, citó a los organismos del gobierno porteño encargados del mantenimiento eléctrico en villas, para reiterarles la necesidad de una solución estructural que ponga fin a la grave situación de riesgo eléctrico que enfrenta el barrio.
A pesar de las muchas gestiones realizadas, este invierno se registró la misma situación que en los años anteriores, y hoy desde hace una semana que en el barrio los vecinos no cuentan con el servicio de energía eléctrica de forma continua y, consecuentemente, no pueden calefaccionar sus casas. Además, se registraron incendios en varias viviendas.
El GCBA y la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica no brindan una solución estructural que pueda dar respuesta integral al conflicto que atraviesan los vecinos de la villa 21/24; y, por el contrario, solo se limitan a realizar reparaciones parciales y superficiales en el tendido eléctrico que resultan completamente insuficientes.

DESPIDEN A EMBARAZADA EN LA EMPRESA FELFORT

La fábrica de chocolates propiedad de la familia del magnate Ricardo Fort despidió la semana pasada a Xoana Torres, embarazada de 7 meses, quien trabajaba en la empresa hace un año bajo la modalidad de contratación por agencia. El despido tiene lugar en el marco de la lucha que desde marzo vienen sosteniendo los trabajadores por aumentos salariales y el pase a planta de los contratados, que alcanzan a casi la mitad de los 500 empleados que posee la empresa. Además, de esa mitad, 110 trabajan hace más de 6 meses.

Xoana, de 20 años, concurrió el 12 de julio a su lugar de trabajo, luego de una licencia médica, y ante la presencia de compañeros y de uno de los delegados, se le impidió ingresar y se le indicó que se dirigiera a la agencia que la había contratado para que le otorgaran un nuevo empleo.

Los trabajadores de Felfort denuncian que esta práctica persecutoria y discriminatoria ha sido moneda corriente desde siempre en la fábrica, y que es parte del gran fraude laboral que comete la chocolatera de los Fort.

Xoana denunció que hacía meses que era perseguida y hostigada por su condición: “En principio no me animaba a decir que estaba embarazada hasta que le tuve que avisar al supervisor que no podía hacer ciertos trabajos. Desde ahí me empezaron a tratar mal. Me mandaban a hacer cosas pesadas como levantar cajas de bombones o placas. Una vez me mandaron al sector de almidón donde yo no podía estar porque allí hace mucho calor y me descompuse. Después me mandaban a hacer siempre la misma rutina todos los días; me tenían parada todo el día, le pedía que me den otras tareas que yo podía hacer, como sellado, pero no querían”. Además, Xoana participaba activamente de las asambleas que se realizaron en los últimos meses por reclamos salariales y el pase a planta de los contratados.

Durante el tiempo que Xoana no concurrió a trabajar por recomendación médica, los trabajadores se enteraron de las intenciones de la empresa de despedirla, por lo que iniciaron una campaña para impedir que fuera dada de baja, y presentaron un petitorio con 326 firmas para defender su puesto de trabajo.

El comunicado difundido esta semana, con la firma del delegado Rodolfo Vidal, sostiene que ya fueron hechas las denuncias pertinentes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Sindicato de la Alimentación (STIA, seccional Capital) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo).

Mientras tanto, la empresa mantiene un régimen de fraude patronal, desoyendo los reclamos de los trabajadores y hasta desconociendo los acuerdos alcanzados con la intermediación de la cartera laboral. En el mes de mayo, el Ministerio había dictado la conciliación obligatoria e instado a la empresa a regularizar la situación que denunciaban los trabajadores. La patronal se comprometió entonces a efectivizar a 60 contratados. No sólo no lo cumplió, sino que a fines de junio despidió a 14 empleados por agencia.

Mientras tanto el vicepresidente de la empresa, Ricardo Fort, sigue paseándose por todos los canales de televisión y posando en las revistas “del corazón”, ostentando obscenamente su fortuna, cantando loas a la década menemista y haciendo culto de una frivolidad alarmante.

REPORTAJE A DANIEL SABSAY

Es común escuchar al abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionar con dureza al Gobierno nacional. Acusarlo de “vaciar” los órganos de control, sojuzgar el Poder Judicial, “destruir las instituciones republicanas” y “convertir en letra muerta la separación de poderes”. Pero en este reportaje, Sabsay –integrante de la Mesa Intercultural de la Coalición Cívica– pondrá la lupa sobre la administración de Mauricio Macri. Analizará el funcionamiento de la Justicia porteña y repasará, con mirada crítica, todo lo que aún le falta a Buenos Aires para ser, como su nombre lo indica, ciudad autónoma. –El gobierno de Macri dice que va a pelear en el Congreso para modificar la Ley Cafiero, que restringe la autonomía porteña. Pero es muy difícil que lo pueda conseguir por la escasa representación que allí tiene la Ciudad...
–Absolutamente de acuerdo.
–Entonces, ¿no podría la Ciudad reclamar su autonomía por la vía judicial?.
–Por supuesto que podría. En esto la Corte Suprema debería tener competencia originaria, porque es un conflicto entre una ciudad autónoma contra la Nación. La Ciudad, como entidad, debería hacerlo a través de una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad. No sé por qué no se ha hecho. Lo ignoro. Evidentemente el plano judicial todavía no ha sido explorado.
–¿Cómo califica usted la Ley Cafiero?.
–Es absolutamente inconstitucional. Desconoce los artículos 129 y 121 de la Constitución nacional. No hay nada que indique que la Ciudad de Buenos Aires sea distinta a las provincias en cuanto a sus competencias, salvo el hecho de que la Ciudad, por ser accidentalmente la Capital Federal, debe delegar determinadas competencias que superan las delegadas por las provincias. Pero la Ley Cafiero no sólo invierte el criterio de distribución de competencias (NdR: el artículo 121 de la Constitución nacional dice que “las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal”, mientras que el artículo 2 de la Ley Cafiero establece que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires”), sino que reserva facultades para la Nación que son arbitrales e irracionales, como por ejemplo los registros de la propiedad y de la Inspección General de Justicia. Es algo absolutamente inconcebible. Si se trata de sociedades e inmuebles situados en la Ciudad ¿por qué su registro tiene que quedar en manos de la Nación?.
–¿Y qué opina de las leyes que se transforman en letra muerta por falta de reglamentación?
–Que es un poco lo que ocurre en todos los niveles de la República Argentina, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. La no reglamentación de las leyes o la no puesta en marcha de institutos que están reconocidos en la Constitución es moneda corriente. Es la cultura jurídica o, mejor dicho, la falta de cultura jurídica que tenemos en la República Argentina.
–¿Cómo ve al funcionamiento de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires?
–Para ser una Justicia joven e incompleta creo que tiene un desempeño muy positivo frente a la media nacional. Tanto el nivel de los magistrados que se han ido designando, de los fiscales, incluso del Consejo de la Magistratura. Todos tienen un estándar muy por encima de la media nacional.
–¿Qué competencias deberían traspasarse ya a la Ciudad, además del manejo de la Policía?
–Bueno, falta precisamente lo relativo nada menos que al Poder Judicial. La Justicia llamada nacional, que en realidad es local. No hay ningún motivo para que ésta siga en manos de la Nación. No sólo lo penal, sino lo civil, comercial y laboral. Toda la aplicación de los códigos de fondo. También hay que crear una Justicia electoral para la Ciudad de Buenos Aires. Su ausencia es una locura. La Ciudad elige sus propias autoridades y debe regular los procedimientos para hacerlo. Además tiene que crear las autoridades de aplicación en lo electoral. En esto hay una orfandad tristísima. Se le da injerencia a la Justicia federal electoral, lo cual es una locura, o, como en la última elección, al Tribunal Superior de Justicia, que no está nada organizado para ser una Justicia electoral. Eso es una falencia enorme en el sistema. Después, en materia de servicios públicos, la Ley Cafiero cercena a la Ciudad sus competencias: por el solo hecho de que un servicio público supere, aunque sea en un pequeño tramo, la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, éste ya cae en la jurisdicción nacional.
–Y la Nación también controla los subtes, pese a que operan íntegramente en la Ciudad...
–Exactamente. Y está el tema del juego. Y el tema del puerto. Falta muchísimo para que se llegue a una autonomía verdadera que retrotraiga los exabruptos y las exorbitancias de la Ley Cafiero.
–¿El gobierno de Macri respeta las normas y las instituciones?
–El hecho de que no tenga la mayoría en la Legislatura ha redundado en una actitud de respeto por el Poder Legislativo. En cuanto a la Justicia, si bien ha tenido la tentación de iniciar juicios políticos contra ciertos magistrados, afortunadamente recapacitó y volvió para atrás. Eso habla de la fuerza de las instituciones en la Ciudad. Pero el Gobierno porteño no tiene interés en la participación ciudadana. Tampoco en la descentralización. La mora en el tema Comunas es, por omisión, una falta de respeto a la institucionalidad. El PRO no sólo no cumple con la palabra empeñada en la Ley de Comunas, sino que también tiene bloqueada su puesta en marcha porque no posee la mayoría para modificarla. Si consiguiera la mayoría, la borraría. También tiene la tentación de reformar la Constitución para quitar muchos de sus elementos más modernos: los temas de participación, de descentralización, sacar la doble vuelta electoral. Acomodarla al formato de lo que le conviene. No lo ha logrado todavía. Por último, hubo algunas licitaciones no muy claras. Por ejemplo la del mobiliario urbano, que se manejó de manera poco transparente.
–Un juez procesó a los directivos de una de las empresas adjudicatarias. ¿Qué debería haber hecho Macri con la licitación?
–Para empezar, el proceso estaba lleno de vicios: se fueron modificando las reglas para dar satisfacción a las empresas amigas, las que finalmente salieron beneficiadas a pesar de que había antecedentes de delitos y de falseamiento de la verdad. Ahora, existiendo ya directamente un juicio donde a uno de los oferentes le están aplicando una sanción penal, no dar marcha atrás con la licitación es sumamente preocupante.
–Lo de satisfacer a empresas amigas es una acusación seria…
–Sí, lo digo realmente: me parece muy serio. Yo creo que el Gobierno porteño debería anular todo si fuera verdaderamente transparente y quiere hablar de “la nueva política”.

Fuente: Noticias Urbanas.

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