Qué pasa en los colegios

Normal 1: "Esteban Bullrich aseguró a los medios de comunicación que, por ejemplo, el Normal 1 'no tiene demandas edilicias'. Le decimos al ministro que, evidentemente, sus espías no pasan bien el informe, porque no hay forma de que no hayan visto las ratas, la falta de puertas, picaportes y ventanas, sin mencionar las becas que no asignan" expresó el Secretario General del Centro de Estudiantes del Normal 1, Fernando Ramal.
"¿No es una demanda legítima pedir que no haya ratas deambulando por las aulas en las que deberíamos tener clases?" se preguntó Ramal. "Este ejemplo es la demostración de que toda la campaña en pos de desacreditar la lucha estudiantil que impulsa el gobierno de la Ciudad se basa en puras mentiras, y tiene el único objetivo de ocultar su responsabilidad en la crisis de las escuelas" continuó.
Carlos Pellegrini: Con la toma ya se consiguió la instalación de gas. "Hace meses que nos venimos organizando en el Carlos Pellegrini, a través de asambleas, marchas, cortes de calle y abrazos, porque en el colegio no tenemos gas", explicó Ornella Cottone, vocal del Centro de Estudiantes.
"Esta situación se arrastra desde hace 6 años y acompaña un estado general de abandono edilicio. Sin embargo, con tan sólo 24 hs de toma, conseguimos el compromiso por parte de las autoridades y la empresa de que el próximo viernes vuelve el gas al Pellegrini. La obra, que dependía directamente del gobierno de Cristina Kirchner, venía sumamente atrasada por falta de presupuesto", añadió Cottone.
Urquiza: "Las autoridades nos persiguen por participar de la toma generalizada de colegios", declaró Victoria, del Centro de Estudiantes del Urquiza, ubicado en Condarco 290, barrio de Flores.
"Sin embargo, durante el transcurso del día Lunes 23, las autoridades del colegio se dedicaron a maniobrar para que esta medida no pueda ser llevada adelante, llegando al extremo de perseguir explícitamente a los activistas. Primero, llamando a asambleas por fuera de los órganos representativos, luego amenazándonos a los integrantes del Centro de Estudiantes, después pasaron a identificar ilegalmente a los compañeros que defendíamos la toma (por medio de listas, fotos tomadas sin consentimiento e incluso obligándonos a la fuerza a hacernos cargo del establecimiento mediante la firma de un acta unilateral) y finalmente hasta llamaron a la policía.", denunció.
Escuela de Música "Juan Pedro Esnaola":“En 2005, luego de haber tomado la escuela varios días, se consiguió el compromiso del gobierno de la ciudad para construir un nuevo edificio en el Polo Educativo de Saavedra. Gestionaron, incluso, un crédito del BID, pero luego la plata se usó para otra cosa. Macri retomó la promesa en 2008; sin embargo, nuevamente la incumplieron, el presupuesto no se ejecutó, y lo poco que se hizo se arruinó, o sea que hay que arrancar de cero" señaló Yordan.
Mariano Acosta: “Nuestra escuela es un reflejo del sistemático abandono del sector público, consecuencia de las políticas educativas llevadas a cabo durante años. Llegar a considerar el traspaso a otro edificio de esta institución representa la reiteración de estas políticas, dados los antecedentes del 2005 y 2007 en donde se demostró que las soluciones planteadas desde el Ministerio son solo parches momentáneos y no definitivos.
A nivel general, creemos que la propuesta política del gobierno de la ciudad, acentúa las diferencias entre el sector público y privado, favoreciendo a este último mediante el aumento de presupuesto, en concordancia con la ausencia de respuestas ante las falencias presupuestarias”.

Esa es la única explicación que “justifica” que la Ciudad tenga un paquete de leyes que no están reglamentadas, que no se cumplen, con plazos vencidos; leyes importantes para los porteños, votadas por la Legislatura y que después quedaron en la nada y en el peor de los castigos posibles: el olvido. Leyes que necesitan que el Ejecutivo de turno les dé un marco para que sean aplicables. Iniciativas relacionadas con la cultura, la salud, educación, trabajo, políticas de género; leyes que otorgan subsidios, becas, que deberían crear dependencias y órganos que nunca se hacen realidad.

¿Por qué? En algunos casos por la inviabilidad para hacerlo, pero también por la falta de voluntad política de los funcionarios de turno; porque vetar, por ejemplo, una ley que garantice la cobertura médica de los porteños significaría pagar un costo político muy alto y entonces no se hace nada para ponerla en funcionamiento. Algo así como un veto pero encubierto.

LAS LEYES

Un paquete de tres: la ley de prevención de adicciones, la ley que otorga una pensión a los escritores y la creación del Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad, que fomenta la actividad de los clubes de música. Tres iniciativas aprobadas en diferentes momentos por la actual pueden aplicar porque no cuentan con el marco reglamentario.

En cuanto a la ley que fomenta la actividad de los clubes de música, el sector que más sufrió las políticas post tragedia de Cromañón (muchos de ellos tuvieron que cerrar por no poder cumplir con las exigencias habilitatorias y por la crisis económica), el concepto de “concertación” es definido en la norma como “el acuerdo o conjunto de acuerdos para el fomento económico de la actividad musical, consistentes en subsidios, créditos y/o exenciones impositivas a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y músicos solistas y grupos que acrediten una trayectoria de un mínimo de dos años ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical, clubes de música en vivo según lo establecido en las Leyes Nº 2321 y 2324, y establecimientos donde se ejecute música y/o canto en carácter de actividad principal y que posean una capacidad máxima de hasta 300 espectadores.

Los beneficios económicos tendrán como finalidad mejorar el equipo técnico y las condiciones edilicias de los establecimientos mencionados, así como estimular, promover y difundir el desarrollo musical de los músicos solistas y/o grupos”. Mientras no se reglamenta esta ley, los locales musicales siguen cerrando sus puertas. Hay otro grupo de leyes, relacionadas con la salud, que todavía espera que el Ejecutivo determine la forma y gradualidad de su aplicación. En 2007, y por iniciativa del actual legislador porteño por la Coalición Cívica y candidato a diputado nacional Enrique Olivera, se aprobó la Cobertura Porteña de Salud (COPS). Esta iniciativa iba a garantizar el derecho al acceso a la cobertura integral, personalizada y gratuita del servicio de salud, “jerarquizando el primer nivel de atención”, además de complementar el Plan Médicos de Cabecera (aprobado en 1997).

El legislador afirmaba que “mediante esta ley no sólo se logra la cobertura médica total de los habitantes de la Ciudad, sino que también se recupera la atención personalizada del médico de familia. Otro de los beneficios es que se avanzará en una desconcentración total del primer nivel de atención, lo que permitirá que los hospitales prioricen la internación y la resolución de la alta complejidad”.

Sin embargo, a más de dos años, quedó olvidada; ni Jorge Telerman ni Mauricio Macri la reglamentaron. Ahora, ni el propio Olivera habla de su proyecto. Ya fue. Otra norma relacionada con la salud es la creación de un sistema de identificación del recién nacido y la madre. Sancionada en 2003, y de aplicación obligatoria en el ámbito de la Ciudad, establece la realización de diferentes estudios a los recién nacidos para garantizar el derecho a la identidad.

Otro tema: seguridad. Una disposición de 2007, la Ley Nº 2.593 (autoría del legislador Guillermo Smith, de la CC), dispone la creación del sistema de información para la prevención comunitaria del delito y la violencia, el denominado Siprec. Se propuso esta ley como “una herramienta de diagnóstico y prevención del delito y la violencia que, a la vez, garantiza el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito”. Es decir, algo así como el Mapa de la Inseguridad de Francisco de Narváez, pero con menos marketing y menos presupuesto, por eso todavía no se cumplió.

En educación se destacan dos normas pendientes de reglamentación. Por un lado la Ley de Becas Estímulo a Estudiantes de Carreras Científicas y Tecnológicas (Ley Nº 1.834, sancionada en 2005). Por el otro, la Ley Nº 1.247, que dispone la creación del servicio educativo de atención domiciliaria para alumnos de nivel medio. Otra cuestión importante tiene que ver con el Mercado de Hacienda de Liniers. La Ciudad reclama el predio para construir una escuela y espacio verde, pero a nivel nacional está sancionada una ley para que se traslade a la provincia de Buenos Aires. Es más, la propia Legislatura aprobó la prohibición de la entrada de ganado en pie. Sin embargo, paradójicamente, la misma Legislatura vota año tras año una prórroga que impide que tenga validez dicha prohibición, y el traslado se viene dilatando desde hace ocho años.

Estas son algunas de las leyes que por ahora son letra muerta. Quizá las más importantes, aunque también se puede nombrar la creación del programa de salud permanente para ex combatientes, la creación de sistemas de audición para hipoacúsicos en teatros y cines, el Bicing y otras tantas normas. Más allá de representar la desidia de los diferentes gobernantes de la Ciudad sobre ciertos temas, son un claro ejemplo de la falta de articulación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. El resultado es que los proyectos transformados en leyes queden huérfanos y sin respaldo, a la deriva. Por omisión, un engaño a los porteños.

Fuente: Noticias Urbanas.