Con una protesta fuera del edificio, los legisladores aprobaron la norma en general por 41 votos a favor y 19 en contra. Además, dieron el visto bueno a la venta de 23 inmuebles para recaudar fondos para remodelación del Teatro General San Martín
La Legislatura porteña determinó hoy la prohibición de la actividad de los manteros y resolvió así la polémica desatada con los comerciantes de la peatonal Florida, que mantenían desde hace semanas el reclamo para que se impida la venta ilegal en la vía pública.

El impedimento para que los manteros puedan continuar con su actividad fue resuelto por una ley que sancionó la Legislatura en una votación que dividió a más de un bloque respecto de la postura a adoptar.

En ese marco, la norma fue aprobada en general por 41 votos a favor y 19 en contra, y prevé la modificación del artículo 83 del Código de Contravenciones, donde se contemplaban los casos de excepciones de aplicar penas a quienes realizarán actividades lucrativas en el espacio público.

Anteriormente, el Código permitía la venta "de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido".

De aquí en más y según el texto aprobado, "no se podrá ejercer la venta en la vía pública" con sanciones de hasta 1000 pesos a quienes no cumplan con la reglamentación y de hasta 60.000 pesos a los que realicen las actividades lucrativas en "volúmenes y modalidades similares a las de un comercio establecido".

Sin embargo, advierte que "no constituye una contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artesanías, y en general la venta que no implique una competencia desleal con el comercio establecido".

También, quedan fuera de las penas "los artistas callejeros, en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria". En tanto, los legisladores crearon una comisión legislativa para que efectúe una propuesta de resolución sobre la ocupación del espacio público de los artesanos que actualmente ocupan la calle Perú, entre la Diagonal Sur y Rivadavia, en el micro centro porteño.

Asimismo, mientras se debatió el proyecto, puertas afueras de la Legislatura, un grupo de manteros mantuvo una protesta hasta la madrugada en rechazo de la iniciativa del que contemplaba la prohibición de su actividad.

Mientras la ley aprobada, si bien no está explícito en el texto, abriría la posibilidad de incorporar a los actuales manteros a los centros feriales que funcionan en la Ciudad.

Por ello, plantea un marco regulatorio de la actividad de unas 30 ferias, entre ellas, las del Parque Rivadavia, Centenario, Parque Los Andes, Lezama, Avellaneda, Chacabuco, Plaza Houssay, Julio Cortázar, Palermo Viejo, Dorrego, Paseo Defensa, Diagonal Sur y calle Defensa.

Al respecto, contempla que cada feria podrá ser administrada por una asociación civil sin fines de lucro y deberá tener un cuerpo de delegados. Además, define que en dichas ferias podrán venderse manualidades, entendidas como "todo proceso mediante el cual se incorpora valor significativo a los productos creados o transformados por el permisionario, siendo el valor, la aplicación de un esfuerzo personal al bien que se comercializa".

En tanto, prohíbe "expresamente la actividad de reventa y la venta de artículos industrializados o a gran escala".

Por otra parte, los legisladores porteños aprobaron un proyecto, redactado por el Ejecutivo, que busca vender 23 inmuebles propios a fin de recaudar fondos que serán destinados a obras de remodelación y equipamiento del Teatro General San Martín y su centro cultural.

Según el texto de primera lectura, que requerirá de una audiencia pública con vecinos, los inmuebles están ubicados en la Capital Federal y fueron consideraros "innecesarios para la gestión administrativa" de la Ciudad.

La veintena de inmuebles sugeridos para su enajenación son los mismos que el macrismo propuso para su venta ya en 2009, también ante la Legislatura, cuando, en aquella oportunidad, buscaba fondos para la compra de la casa del Virrey Santiago de Liniers, emplazada en el Casco Histórico local.

La iniciativa fija que “una vez realizadas las enajenaciones y aprobadas las ventas por subasta”, los fondos recaudados serán destinados al Ministerio de Cultura de la Ciudad a fin de avanzar en las obras del Teatro San Martín, consideradas “como de absoluta necesidad”.

La intención es “revalorizar el Teatro, el Centro Cultural, el Complejo Ciudad de la Música y el Museo de Arte Moderno”.

Además, se habilitó la construcción un nuevo centro comercial, gastronómico y cultural, con capitales privados, conocido como "Feria del Sur", en los terrenos situados debajo de la Autopista 25 de Mayo, desde Bolívar hasta Paseo Colón.

El texto fue aprobado por unanimidad en la última sesión ordinaria y autoriza el llamado a licitación para "el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del centro cultural, comercial, gastronómico y turístico, de acuerdo al proyecto presentado por las empresas Constructora Lanusse SA, Criba SA, Crivelli Construcciones SA y Servente SA."

Según sostiene, el proyecto de iniciativa privada propone una concesión de obra pública, por un plazo de 20 años para el desarrollo del centro comercial en los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas linderas, entre la calle Bolívar y la media manzana entre la calle Balcarce y Paseo Colón y prevé "un monto estimado de inversión en 17 millones de pesos".

Asimismo, la Legislatura porteña autorizó a la gestión de Mauricio Macri a llamar a licitación para la concesión para la prestación del servicio público de higiene urbana en la Ciudad por un plazo de hasta diez años, y mediante la cual se dividirá a la Capital Federal en cuatro zonas e incentivará la división de residuos en origen.

El aval al Ejecutivo local fue aprobado con 48 votos a favor provenientes de los bloques PRO, Frente para la Victoria y aliados, y UCR; en tanto que recibió nueve rechazos de las bancadas de Proyecto Sur y parte de la Coalición Cívica.

El contrato del servicio de higiene urbana, que incluye la recolección de residuos, fue prorrogado en varias oportunidades por el Ejecutivo a raíz de la falta de acuerdo entre las distintas fuerzas de la Legislatura para autorizar a la licitación.

Finalmente, en la última sesión ordinaria del Parlamento, antes del recambio legislativo que reformará la composición de la Cámara, los diputados lograron destrabar el tema y habilitar el avance del "contrato individual más oneroso del Gobierno de la Ciudad".

Asimismo, la concesión deberá ajustarse al requisito de dividir a la Ciudad en cuatro zonas para llevar adelante el servicio, no obstante prevé que esta delimitación no debe fragmentar las Comunas.

También, sostiene que "las ofertas podrán ser formuladas para cada una de las zonas, pero solamente se adjudicará una zona por oferente".

La norma regula también, entre otros puntos, el canon a pagar, el control del servicio, la predeterminación de precios del contrato, la experiencia de los oferentes, la capacitación del personal, las condiciones de los vehículos, y vista de los pliegos.

Por último, incluye que "la empresa contratista deberá absorber la totalidad del personal operativo en relación de dependencia, reconociendo su antigüedad, que al momento del llamado a licitación esté prestando servicios".

Puntualmente, el sistema público de higiene urbana abarca, entre otras acciones, la de recolección general y recolección diferenciada de desechos domiciliarios, esto es, que separa el despacho de los residuos húmedos y secos en forma gradual y su transporte a centros de selección distintos.

Además, se compone por el barrido de calles y espacios públicos y por la recolección y transporte de residuos depositados en los recipientes en vía pública de reciclables.

Entre otros objetivos, la norma acordada por la Legislatura persigue "promover la reducción de la generación de residuos, el tratamiento, la selección domiciliaria en origen y la formación de una conciencia de preservación ambiental en el ámbito industrial, comercial, de los usuarios y los consumidores".

También "alentar la recuperación, reciclado y reutilización de residuos en el ámbito de los generadores, los usuarios, los consumidores y los gestores de residuos" y "generar ámbitos de competitividad y aliento de las inversiones para asegurar en el mediano y largo plazo los fines públicos establecidos por las leyes en la materia".

Finalmente, se aprobó la nueva conformación de la Auditoría General de la Ciudad, el órgano encargado de hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno local.

Los diputados designaron, con 46 votos a favor, a Cecilia Segura como la nueva presidenta de la Auditoría; y a seis auditores generales que iniciaron su mandato el 10 de diciembre por el término de 4 años.

Segura estará acompañada, entonces, por Santiago de Estrada, Alejandro Fernández y María Marco, provenientes de las filas del PRO; Paula Oliveto, por la Coalición Cívica; y Eduardo Epszteyn y Adriano Jaichenco.

Asimismo, los diputados porteños aprobaron también los nuevos consejeros que representarán a la Legislatura en el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad: José Machain, Karina Biesi, Gilda Manco, Claudia Chaparro y Juan Ignacio Inza.

Se ha iniciado la etapa de capacitación en la Escuela Técnica Nº 2, Presbítero Colombo. Se trata de una propuesta de elaborada por el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad para que los alumnos cuenten con las herramientas para construir sillas de ruedas, prótesis y muletas.

Este emprendimiento estará orientado hacia personas con discapacidad, que no cuenten con recursos económicos y será financiado con aportes del Instituto Nacional de Enseñanza de Técnica y la CONADI.

El responsable técnico del INTI de Gualeguaychú Mario Aguilar Salomón informó que desean poner en marcha un programa que se llama Programa Productivo Tecnológico y Social donde vinculamos todas las Escuelas Técnicas del país para que construyan dispositivos de ayuda para las personas con discapacidad”.

La importancia radica en que los estudiantes de las escuelas técnicas podrán construir más de 20 dispositivos distintos, como sillas de ruedas, bastones y muletas. Es decir, que los chicos con los conocimientos básicos de escuelas están en condiciones de hacerlo con sus profesores y con sus dispositivos con calidad y garantía del INTI.

El funcionario del INTI resaltó que “los chicos se entusiasman con estos programas por que construyen dispositivos que son útiles para el ser humano. No hacen solamente prácticas de dispositivos triviales, sino que hacen dispositivos que saben que lo va a necesitar una persona por alguna necesidad porque tenga algún tipo de discapacidad”.

Se trata de una propuesta considerada de interés municipal direccionada a personas discapacitadas con carencias económicas que necesiten por ejemplo prótesis o sillas de ruedas en esta primera etapa.

Para que los empresarios no boicoteen este proyecto, se ha argumentado desde las instituciones estatales involucradas que no se perjudica a ninguna empresa privada, pues no se le restan potenciales clientes ya que los dispositivos van dirigidos a personas que nunca podrán ser clientes de esas megas empresas que cobran por una pierna ortopédica $ 15.000.- mientras que la fabricada por en las escuelas técnicas tendrá un costo de aproximadamente $ 250.- que no lo pagará ni el alumno, la escuela, ni el paciente.

Con este proyecto se intenta reducir mediante la prevención la cantidad de casos con patologías irreparables, como es el caso de la comunidad no vidente del país estimada en 50.000 personas que si hubieran accedido a los dispositivos que se fabricarán a partir de ahora hoy su universo no superaría las 10.000 personas, lo que representaría en términos relativos un 80% menos de ciegos.

El profesional del INTI Salomón Aguilar explicó que “estamos trabajando con 20 dispositivos para atender los problemas de personas con discapacidad motora, con parálisis cerebral, gente que necesite sillas de ruedas, piernas ortopédicas, etc. y próximamente se incorporarán dispositivos electrónicos para casos de hipoacusia y prevención de la ceguera.

S e está capacitando a los alumnos para que puedan construir un dispositivo que se llama aro magnético, que permite ampliar la voz de los docentes no como ahora que se amplifica a través de un parlante sino que ahora saldrá por un cable que se instalará en las aulas.

Luego de asumir oficialmente, los integrantes de las quince Juntas Comunales preparan las primeras reuniones y ya comienzan a definir las fechas para convocar a los Consejos Consultivos Comunales.

El primero de octubre de 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que se incluyó un capítulo que estableció la creación de las Comunas, entendidas como “unidades de gestión política y administrativa descentralizadas con competencia territorial”.

Desde entonces se comenzó a transitar un arduo camino que incluyó varios jefes de Gobierno y distintos momentos políticos que llevaron la descentralización hacia distintos destinos. Por inoperancia o deseo, ninguno de los cinco gobiernos que estuvieron al frente de la Ciudad desde la sanción de la Constitución hasta hoy implementaron las Comunas.

Luego de la presión de los vecinos a través de la justicia, los dirigentes se vieron obligados a convocar a elecciones para que la ciudadanía eligiera sus representantes en las quince Juntas Comunales y, ahora, quince años después de ser pensadas en la Constitución de la Ciudad, las Comunas son una realidad.

Este sábado asumieron oficialmente los 105 comuneros electos, quienes no quieren perder más tiempo y ya definen los pasos a seguir para que las Comunas funcionen plenamente.

Las primeras reuniones de las Juntas Comunales ya están fijadas para las próximas horas, y en algunas ya se confirmó la fecha de convocatoria para el Consejo Consultivo Comunal (CCC), espacio dedicado a la participación de los vecinos.

En esa línea, la Junta Comunal 7 (Flores-Parque Chacabuco) se reúne este lunes por la tarde, mientras que en la Comuna 10 ya se fijó fecha para el primer encuentro del CCC para el próximo miércoles, a las 18, en el Club Social y Deportivo J. Newbery, ubicado en la calle Irigoyen 2092.

Según adelantaron a NU, en la mayoría de las Comunas se respetará el miércoles como día de la semana para que se reúna el CCC.