La presentación estará a cargo del Licenciado José María Poirier, del Dr. Norberto Padilla y del Dr. Gonzalo Fernández. Luego de la exposición los panelistas y los autores del libro contestarán preguntas del público. La entrada es libre y gratuita.
Agradecemos su difusión.
Secretaría General.

De acuerdo al decreto reglamentario 295-VP-2010 y su disposición Nº 1- DGCyC-2011 la dirección de compras y contrataciones de esta casa legislativa, de manera discrecional, decidió dejar de lado a las producciones radiales independientes.

Por tal motivo le solicitamos una reunión a la brevedad posible, a los efectos de resolver este conflicto.
ATTE.

o Punto Seguido – Guadalupe Grunauer.
o El Reloj – Gustavo Pirich.
o A medio Camino – Néstor Muñoz.
o Emociones – Carlos Mello.
o Comunas un desafío – Alberto Espiño.
o Sector S – Guadalupe Grunauer.
o Sentido Común – Jessica Gaglianone.
o Tarde pero seguro – Edgardo Auciello Agüero.
o Proscriptos del eter – Matías Levin.
o Bajo el volcán – Carlos Prado.
o El peso del rocío – Francisco Godinez Galay.
o Paren las rotativas – Jessica Gaglianone.
o Los locos de Buenos Aires – Roberto Ruiz (veedor titular de producciones radiales).
o Código de Barras – Hernán Daicich (veedor titular de radio).

Un saludo.

Hernán Daicich - Director General - Frecuencia Zero FM 92.5 4635-7391 // 4682-7391 - www.frecuenciazero.com.ar

Para la agrupación gremial La Naranja de Prensa el accionar macrista se trata de “un intento por terminar con el derecho a huelga con el que cuentan constitucionalmente los trabajadores de los medios” y llaman al conjunto del gremio de prensa a defender los legítimos derechos conquistados.

Por otro lado, fuerzas políticas diversas, como Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el kirchnerismo, a través del Ministro de Trabajo, Diálogo por Buenos Aires, Nuevo Encuentro, Encuentro Popular para la Victoria y legisladores opositores al Pro, mostraron su total disconformidad y anunciaron presentaciones judiciales y el debate en la Legislatura que debe darse dentro de los próximos 30 días.

El decreto establece multas de $5.000 a $50.000 o el arresto de 3 a 10 días, para quienes realicen esta contravención. También aplica las mismas sanciones para quien “intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución”.

Paradójico es que entre los considerandos se utilicen la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como argumentación opuesta a sus propios principios, como si por un decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad se pudiera saldar la discusión sobre si realmente la acción de bloquear las salidas de los diarios coarta la libertad de imprenta y no si el DNU 2/11 se contradice con la libertad de expresión.

Sin embargo, el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires bien puede considerarse coherente con esta medida, porque pese al gran debate que generó y a las movilizaciones en su contra, logró establecer un nuevo escenario de lo permitido y lo prohibido.

A partir de su sanción en el año 2004, el uso del espacio público quedó negado para trabajos y prácticas sobre las que se profundizó la marginación que ya transitaban. Las acciones de vendedores ambulantes, cuida coches, limpiadores de vidrios y prostitutas, entre otras, fueron observadas, descriptas y reguladas desde un modelo que no les era propio.

Así se estipularon en 2004, regulaciones para quienes en adelante fueran los prohibidos, los corridos del espacio visible por esos “vecinos” que tanto le gusta citar a Macri. Los mismos a los que quizás pretende asustar mediante la diabolización de las acciones gremiales, llevándolas hacia el campo de lo sancionable.
El jefe de Gobierno porteño parece seguir empeñado en continuar su cruzada contra toda expresión de lucha por parte de los trabajadores y/o sus representantes sindicales, en salvaguarda de sus derechos , incluso en este caso, ha arremetido contra un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Posiblemente este decreto sea considerado inconstitucional y por cierto seguramente nace como consecuencia de la alianza ya indisimulada entre el “Grupo Clarín-Macrismo”.