El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires imputó a la empresa Carrefour por publicidad engañosa luego de comprobar que en los locales del hipermercado no se podían comprar varios productos ofertados. Se trata de una promoción que alcanza a 42 productos que permitirían alimentar a una familia de 4 integrantes, a $ 6,99 por día por persona.

Dicho incumplimiento fue comprobado por los inspectores del área de Defensa del Consumidor, quienes se presentaron en 7 locales de la firma en la Ciudad para comprobar la existencia de la canasta de 42 productos.

En los hipermercados visitados se verificó un faltante de entre 16 y 18 de los alimentos ofertados y no se encontraron los distintos cortes de carnes, productos lácteos, mayonesas, mermeladas y azúcar, a los precios promocionados.

El mayor incumplimiento se constató en el local ubicado en Juan B Justo 9301, donde sólo se encontraron 6 de los 42 productos ofertados. Cabe aclarar que la promoción en sus bases y condiciones establece que, en caso de no tener stock, el comercio podrá ofrecer productos similares, pero no se cumplió con ese requisito.

"Nuestra función es verificar que el comercio cumpla con las promociones y ofertas que le prometen a la gente”, expresó el Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli. “Los vecinos tienen la posibilidad de denunciar estos y otros casos en las sedes comunales, cuando no se cumplen las ofertas mencionadas”, agregó el funcionario.

El hipermercado deberá ofrecer las pruebas que considere para explicar porque no fueron encontrados los productos ofrecidos en las góndolas. De quedar firme la imputación, a Carrefour se le podría aplicar una sanción de hasta $ 5.000.000.- ya que, además de la imputación por presunta publicidad engañosa (art. 9 de la Ley 22.802), se le inculpó de no ofrecer información suficiente y de incumplimiento de una oferta artículos 4 y 7 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

Se trata de comunera María Suárez, representante electa por el Frente Nuevo Encuentro en la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según un comunicado de prensa del partido de Martín Sabbatella “fue imposibilitada de cumplir con sus funciones en el área de mantenimiento barrial”.

Mientra que la representante comunal electa manifestó que “A comienzo de año en la junta comunal se acordó que debía cumplir con la coordinación del área de desarrollo urbano, función que, con clara intencionalidad política, se me fue denegada”.

Según el área de prensa del Partido Nuevo Encuentro, Suárez fue expulsada de su oficina y expresó que: “Todo comenzó hace meses con la prohibición a los empleados del área de mantenimiento urbano de que me informaran sobre situaciones correspondientes a mi cargo, demandas o reclamos de los vecinos, culminado esta persecución con el desalojo de la oficina que ocupaba, sin previo aviso”.

Para Suárez este hecho se encuentra inserto dentro de una matriz de pensamiento político que nace de lo más alto del GCBA que intenta vaciar las comunas: “Sabemos que el macrismo intenta modificar la Ley Orgánica de las Comunas, en un claro proceso de desgaste que viene efectuando en los concejos; creando organismos paralelos, como las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) e imposibilitándonos, a los comuneros de la oposición, hacernos cargo de las funciones por las que fuimos electo.

El Instituto contra la Discriminación presentó un aamparo contra el 0800 del Gobierno de la Ciudad para denunciar “intromisión política” en las escuelas. la acción legal presentada recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires número 11, Secretaría N° 22, a cargo del juez Juan Lima y de la secretaria Mariana Politi.

Puntualmente, el INADI hizo referencia a la puesta en marcha de la administración macrista de una línea telefónica gratuita para que los padres, alumnos o docentes “denuncien” la aparición de banderías políticas dentro de las escuelas.

Ya la semana anterior el interventor del organismo, Pedro Mouratián formuló declaraciones inherentes al 0800 implementado por el GCBA, manifestando que “sistemas como el 0800 habilitado recuerdan prácticas de persecución política propias de regímenes dictatoriales, donde se incentivaba a la ciudadanía a denunciar las expresiones políticas de otros ciudadanos”. Según el interventor del INADI “Es preocupante el posible efecto del servicio, en tanto nada obsta a que se utilice para recabar información sobre las afiliaciones u opiniones políticas de docentes, directivos y alumnos”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, recorrió la obra de la calle Sinclair al 3000 donde se produjo un desmoronamiento y sostuvo que “la empresa debe trabajar rápidamente para que se pueda restablecer la vereda y la calle y dar seguridad a la construcción”.

El desmoronamiento, que se produjo en una jornada de intensas lluvias, afectó a los subsuelos que se construyen en el lugar y arrastró la vereda y parte del asfalto. El jefe de Gobierno visitó el lugar acompañado por personal de la Guardia de Auxilio y de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires que desde anoche trabajan en el lugar para dar seguridad a los vecinos.

Durante la noche se restableció el servicio de gas y de agua que había quedado interrumpido por el desmoronamiento, en tanto que los vecinos evacuados por seguridad retornaron a sus hogares, a excepción de los que viven en los inmuebles laterales inmediatos a la obra dañada.

En tanto, la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad informó que la obra de Sinclair 3056/72 tenía estado de trámite registrado para demolición total y obra nueva bajo el número de expediente 309759/11. El arquitecto a cargo de la construcción es Cesar Felipe Tiscornia.

Pregunta: El ingeniero Mauricio Macri ante un hecho similar, visitó alguna vez una construcción desmoronada en la zona sur de la ciudad?. Está muy bien que lo haya hecho con tanta diligencia en esta oportunidad. ¿Pero actuará de idéntica manera cuando suceda lo mismo en Villa Riachuelo o solo transita esos barrios para los spot de su campaña electoral?.

Dos profesoras del colegio privado Historias de Viajeros (Bunker Hills) de Garín fueron sancionadas por planificar una visita didáctica con sus alumnos al sitio arqueológico “Punta Querandí”, ubicado en la zona de humedales entre los partidos de Escobar y Tigre.
A Lucía Surban (27), que dictaba las materias Historia, Geografía, Política y Construcción de Ciudadanía en 4º y 5º año, la despidieron, en tanto que su compañera Alejandra Gette (43) fue apercibida con una carta documento. El controvertido episodio ocurrió a fines de junio, pero tomó trascendencia pública en las últimas horas a través de las redes sociales.
“Mientras estábamos en el proceso de presentar la documentación para la visita educativa, yo dije en una nota periodística que la escuela iba a ir. Ante ese artículo me quisieron hacer firmar un acta que decía que yo faltaba al Estatuto Docente en dos artículos. Me acusaron de faltarle el respeto a las jerarquías de la institución, de no educar basándome en el amor y el respeto a la patria, prescindiendo de religiones y de posturas partidarias. Yo, obviamente, no creí haber violado ninguno de esos dos artículos, entonces me negué a firmarlo”, explicó Surban a El Día de Escobar.
El lunes 23 de junio la profesora volvió a la escuela, ubicada en Isla Nueva y Bourdet, y no le permitieron el ingreso. El portero le dijo que tenía que hablar con su representante legal, pero que de ninguna manera podía entrar. “Me quedé dos horas parada frente a la puerta de la escuela llamando al abogado para saber qué tenía que hacer. Nunca pensé que me podían llegar a despedir. Me echaron a mí porque tengo 3 años de antigüedad y Alejandra tiene 12. Sino nos hubieran echado a las dos”.
Cuenta la docente que sintió “una profunda decepción”, ya que la visita pretendía involucrar a sus alumnos en un proyecto del cual participarían varias escuelas. Unos 90 chicos se iban a intercambiar lo que habían estado aprendiendo del mismo tema, quiénes eran los querandíes, qué era un humedal, cuáles fueron los pueblos originarios.
“¿Cómo nos van a negar eso? Es negar la historia propia, la historia local. Para nosotros era fortalecer el sentido de pertenencia. Que los chicos digan ‘qué bueno, los querandíes eligieron este lugar donde nosotros vivimos’, y así quererlo un poco más, tomar conciencia”, expresó la profesora.
La visita al sitio arqueológico tenía el visto bueno del inspector. Sin embargo, las autoridades de la escuela -el director, Jorge Iacoboni, y la dueña, Susana Giménez- acusaron a las profesoras de manipular políticamente a los chicos y de utilizarlos para hacerlos parte de una protesta que, según ellos, se iba a realizar el día de la visita.
“Les hacía ruido el conflicto que hay con los countries y con el Opus Dei, que quieren construir barrios sobre la reserva arqueológica. La dueña decía que cómo podía ser que nos opusiéramos a ellos. Pero nosotras no nos oponemos a las urbanizaciones privadas, nos oponemos a estos tipos que no respetan las leyes, las normas, ni nada. Eso tiene que resguardarse. Los fundamentos presentados por el director para rechazar la visita son muy flojos. No me recibieron ni el proyecto final, donde estaba todo lo que ellos dicen que no había como condiciones de seguridad, sanitarios y lugar para guarecerse”.
La profesora Surban presentó una demanda judicial contra la escuela por daños y perjuicios. Mientras, analiza con su abogado cómo probar los hechos de discriminación. Pero lo que más le duele es haber perdido a sus alumnos.
“Es la escuela de mi barrio, la adoro. Van los chicos con los que yo convivo. Incluso me pagaban menos que en otros lados y yo decidí trabajar igual porque es la escuela de mi comunidad. Un colegio privado de clase media baja que los padres hacen un montón de esfuerzo para pagar. Los estudiantes son un grupo súper emprendedor y comprometido, tomaron muy mal que me hayan echado”, finalizó.
Las autoridades del colegio, pese a la insistencia de este medio en conocer su versión, optaron por el silencio.
Fuente: Diario El Día de Escobar.