A través del Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el GCBA anunció que se apelará la decisión de la justicia de restringir la utilización del 0800 implementado para denunciar actividad política en las escuelas.

Según el funcionario “Siempre acatamos lo que dice la justicia. A veces estamos de acuerdo y otras no. En este caso no y se apelará” el fallo librado por la jueza Elena Liberatori, quien restringió la utilización del 0800 implementado por el ministerio de Educación porteño y limitó su funcionamiento “sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal”.

Para el segundo de Mauricio Macri en lo que “no estan de acuerdo es con esta idea de meter la política adentro de las escuelas y hacer actos de adoctrinamiento político, ni para un lado ni para el otro”, afirmó.

Según lo apuntado por Rodríguez Larreta desde que se puso en vigencia el 0800 habilitado para las denuncias, se recibieron alrededor de 4000 llamadas, lo que no brindó es una estadística desglosada por tipo de denuncia, ni tampoco se conoce que cantidad de llamadas recibidas forman parte de burlas hacia la metodología implementada por el GCBA, que según nuestro criterio es más propia de una dictadura que del sistema democrático en que vivimos.

La legisladora Claudia Neira de la agrupación política Buenos Aires para Todos, presentó un Proyecto de Ley para establecer el derecho al voto para los jóvenes a partir de los 16 años, poniendo en la opinión pública una norma similar a la presentada por el senador nacional del FPV Anibal Fernández.

En el proyecto de la legisladora porteña se establece la creación de un Padrón de Electores y Electoras Jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la autoridad electoral deberá garantizar y confeccionar para las futuras elecciones legislativas.

Según los considerandos del proyecto, para la legisladora “la juventud es un actor fundamental para la transformación de la realidad. En este sentido, la política se presenta como una herramienta sustancial de su actividad como sujeto de cambio y tiene como consecuencia la necesaria ampliación de los derechos políticos para los jóvenes”.

En declaraciones a la prensa, la diputada de la ciudad que es también integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura afirmó que: “Hoy, frente al protagonismo juvenil la oposición conservadora sostiene una mirada estigmatizadora y persecutoria de las prácticas políticas de los jóvenes, especialmente cuando se trata de los sectores populares. Por ello, creemos más que nunca en preservar la participación y avanzar en mayores derechos”.

Sin duda, que cuanto más se incentive en la juventud la participación cívica, seguramente en el futuro cercano habrán más hombres interesados en la función pública y la búsqueda de la equidad social, cualquiera sea el partido con los que se identifiquen.

Hoy lunes, en una reunión conjunta de las Espacio Público, Presupuesto y Desarrollo Económico. Se espera la presencia de diversas ONG’s y autoridades comunales que ya han convocado a los vecinos para que participen del encuentro. La iniciativa del PRO planea concesionar “módulos” de servicios y expendio de comidas y bebidas, con baños incluidos, en los parques de la Ciudad.

Comienza a discutirse en la Legislatura porteña el proyecto impulsado por el PRO para concesionar zonas de servicios en diversos espacios públicos de la Ciudad. Hoy lunes se realizará una reunión conjunta de asesores de las comisiones de Espacio Público, Presupuesto y Desarrollo Económico, y se prevé la presencia de diversas ONG’s y autoridades comunales que ya han convocado a los vecinos para que participen del encuentro.

La iniciativa, presentada por el legislador macrista José Luis Acevedo, propone un marco regulatorio para el otorgamiento de permisos de uso a fin de establecer áreas de descanso, esparcimiento y servicios en espacios públicos cuya superficie sea mayor a 5.000 metros cuadrados. Estas áreas estarán integradas por un sector de sanitarios (30 metros cuadrados) accesibles de uso público y gratuito; una estación de vida saludable; un sector de expendio de alimentos y bebidas (entre 20 y 30 metros cuadrados, dependiendo del tamaño del espacio verde), servicio de estacionamiento de bicicletas, reposeras y conexión gratuita a Internet.

Según el texto del proyecto, el adjudicatario estará obligado a hacerse cargo de las inversiones para la ejecución y puesta en funcionamiento del núcleo, áreas y servicios conexos, tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes, mantenimiento diario y reparaciones del núcleo sanitario (el que deberá estar abierto en el horario de funcionamiento del local de expendio de alimentos y bebidas). Deberá contratar, como mínimo, a una persona con discapacidad. El canon de la primera concesión o permiso de uso podrá ser cobrado en especies, en tanto que los pagos posteriores a la primera concesión serán destinados a un fondo específico para el mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad y no podrá restringir el uso público del espacio verde.

Por otro lado, en el expendio de alimentos y bebidas sólo se permitirá la venta de sandwiches, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen, que cumplan las reglamentaciones vigentes; venta de bebidas sin alcohol y agua, elaboración y venta de infusiones y sólo se admitirá el calentamiento mediante horno a microondas o eléctrico, quedando expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas.
Noticias Urbanas.

El presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, informó que la Institución irá a la justicia para que “quede sin efecto” la ley que transfiere los depósitos del poder judicial al Banco Nación, ya que descarta su aprobación el día miércoles dirante la sesión del Senado. El Banco Ciudad resiste así la ley que dispone que los depósitos de las causas federales que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires serán depositados en el Banco de la Nación.

Que dijo el presidente del Banco de la Ciudad:

“Vamos a presentar una cautelar para que la ley quede sin efecto, declarándola anti constitucional”, anticipó Sturzenegger. Sostuvo además que “el Congreso no tiene potestad” para legislar sobre esos depósitos y si lo hiciera “estaría violando el proceso de autonomía de la Ciudad consagrado en la Constitución”. El titular del Banco Ciudad explicó que el planteo que harán en los tribunales será que “cuando el Congreso del año 1985 le dio los depósitos judiciales al Ciudad, lo hizo en su carácter de legislatura local”.

“Antes de que existiera la Ciudad como ente autónomo, el Congreso actuaba como Congreso de la Nación propiamente dicho pero a veces lo hacía como legislatura de la Ciudad. Por lo tanto, toda esa legislación se trasladó a la Legislatura de la Ciudad que ahora existe”, agregó Sturzenegger. Según el funcionario, “esos depósitos tienen la característica de ser bastante estables, es lo que permite sostener la cartera de créditos hipotecarios muy fuerte que tiene el Banco Ciudad”, que sería “lo que más se resentiría con esta ley”.

Además, desestimó el argumento esgrimido por el senador oficialista Aníbal Fernández, quien afirma que el Banco Ciudad presta más dinero a empresas extranjeras que a personas de bajos recursos, como lo indicaba la ley que transfirió en 1985 los fondos judiciales a la entidad bancaria porteña. “Han buscado cosas de arriba a abajo para justificar la ley y lo único que han encontrado es que prestamos a empresas que invierten y contratan empleados en la Argentina”.

Cabe consignar que el 70% de lo recaudado en concepto de depósitos judiciales corresponde a la justicia federal y no a la Ciudad de Buenos Aires y esto sucede porque el GCBA no ha tramitado el traspaso de los juzgados nacionales que operan en su territorio que pueden ser pasados a la jurisdicción de la CABA.

Si la transferencia se efectivizara, en modo alguno se vería afectada su capacidad recaudatoria y vale también aclarar que al superponerse la justicia federal con la local, el estado nacional actualmente carga con todos los costos que su administración ocasiona, siendo beneficiaria mayoritariamente la población radicada dentro de los límites porteños.

Aún así, en el fondo hay una evidente acción política por parte del gobierno nacional contra la administración del Jefe de Gobierno y este a su vez no pone ningún esfuerzo para hacerse cargo de los servicios y funciones que son de su competencia, como es el caso de los subterráneos y ahora parte de la justicia federal.