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Buenos Aires. Por lo menos 36 heridos y ocho detenidos, incluidos periodistas, provocaron los graves incidentes acaecidos ayer en el Hospital Neuropsiquiátrico José Borda cuando la Policía Metropolitana reprimió a trabajadores de ese centro de salud afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que resistían la demolición del edificio donde funcionó un taller para enfermos mentales. En ese terreno, el gobierno de Mauricio Macri prevé construir un Centro Cívico.
El Ministerio de Salud porteño informó anoche que entre los 36 heridos hubo 17 policías metropolitanos, uno de ellos grave, como también trabajadores estatales y periodistas, además de ocho detenidos que fueron puestos a disposición de la Justicia Federal y luego liberados.
Entre los heridos y arrestados estuvo el fotógrafo de Clarín , José Mateos, quien recibió un balazo de goma y estuvo esposado. Similares agresiones recibieron trabajadores de Télam y C5N.
La Policía Metropolitana reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y hasta, según testigos, gas mostaza, después que trabajadores afiliados a ATE la enfrentaron con el propósito de resistir el inicio de las obras de construcción de un Centro Cívico en el barrio Barracas, en el sur de la ciudad.
Hasta ese momento, alrededor de las 9, y durante casi tres horas previas, maquinarias enviadas por el Gobierno porteño con protección policial habían demolido el Taller Protegido 19 donde los pacientes del Borda realizan tareas de carpintería y herrería, pero que está inactivo desde agosto pasado y que iba a ser trasladado a un edificio nuevo construido a unos cien metros ante una orden judicial.
Consumada la demolición, los trabajadores del Borda comenzaron a protestar y la tensión fue en aumento hasta la feroz represión policial, que alcanzó a médicos, enfermeros, legisladores opositores y periodistas y que derivó en enfrentamientos hasta pasado el mediodía.
Versiones contrapuestas. El dirigente de ATE, Ricardo Talavera, dijo que el operativo policial fue “sin orden judicial”, pero cuatro horas después de iniciados los enfrentamientos, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, aseguró que el lugar estaba “absolutamente vacío” y que “no hubo orden de desalojo porque en ese predio no había nadie”, al tiempo que justificó el accionar policial porque “hubo una agresión constante contra la fuerza de seguridad”.
En conferencia de prensa, pasadas las 19, Macri eludió responder quién había ordenado la represión. Pero su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, justificó: “Cuando hay un delito, la Policía Metropolitana no necesita orden para proteger la ley. Detiene y pasa a la Justicia, como sucedió”.
La construcción de un Centro Cívico en ese lugar fue aprobado por la Legislatura a fines de 2012, pero ATE y legisladores de oposición presentaron amparos ante la Justicia que los rechazó después que el gobierno probó que había construido otro edificio para el taller.
“No podemos ni vamos a ceder ante la extorsión de los violentos para que no se hagan las cosas”, advirtió Macri, tras responsabilizar por los hechos a ATE. Este sindicato, por su parte, convocó a un paro nacional para el martes en protesta por la represión.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, calificó de “vergonzosa” la actuación de la Policía, mientras que el diputado Ricardo Alfonsín fue el único radical en reaccionar con un “repudio” a la represión.
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) condenó la agresión sufrida por los periodistas, pidió el esclarecimiento de los hechos y se solidarizó con los trabajadores atacados.

De que se trata el plan del Centro Cívico en el sur?

A principios de septiembre, la administración porteña presentó un ambicioso proyecto para mudar sus principales dependencias administrativas a un novedoso y concentrado Centro Cívico, ubicado en un predio actualmente perteneciente a los hospitales Borda y Rawson, en el sur de la ciudad. Originalmente pensado para trasladar la jefatura de Gobierno y cinco ministerios, la intención del oficialismo es impulsar el desarrollo –también en términos inmobiliarios— de una zona de la metrópolis postergada, y a su vez descongestionar los actuales edificios que ocupan esas carteras.
El 7 de septiembre, en conferencia de prensa, Mauricio Macri presentó el proyecto en el Palacio de Gobierno, junto a la ministra de Desarrollo Social y vicejefa de Gobierno electa, María Eugenia Vidal; su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, el de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y el secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña. No abundaron los detalles pero el anuncio causó impacto. El plan contempla la construcción de un nuevo edificio en la avenida Amancio Alcorta y Perdriel, en Barracas, al sur de la Ciudad, que albergará la nueva sede gubernamental, todas las oficinas y dependencias de la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico, Hacienda y Educación. La idea responde a un viejo anhelo de las sucesivas administraciones porteñas que había sido planteado con anterioridad por el PRO, para reutilizar espacios pertenecientes al Borda y al Rawson. Actualmente los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Seguridad y Justicia ya están instalados en lo que se ha denominado como Distrito Gubernamental. También el Centro Metropolitano del Diseño, el Distrito Tecnológico y la construcción de la sede central del Banco Ciudad de Buenos Aires, también proyectada como un edificio inteligente.
El nuevo edificio tendrá una planta de 50 mil metros cuadrados, y su construcción se ejecutará el próximo año, luego de atravesar el proceso de concurso público. La obra está previsto que dure al menos dos años, con un costo estimado de 250 millones de pesos «a valores actuales», estimó Chaín. «Espero que a principios del año que viene ya esté en construcción», se esperanzó Mauricio Macri durante el anuncio. Incluido en el proyecto de Presupuesto 2012 que está siendo discutido en la Legislatura, el macrismo tiene en sus planes licitar la venta del denominado Edificio del Plata —ubicado frente a la Avenida 9 de Julio— con el objetivo de amortizar la inversión. Esto no se anticipa como un trámite fácil ya que la Legislatura deberá aprobar el traspaso con mayoría especial de dos tercios del recinto, es decir con el PRO y la ayuda de otros bloques para reunir el total de 40 votos necesarios. «Queremos estar bien cerca de donde hay más necesidades. Queremos potenciar toda el área. No alcanza con la inversión en el espacio público y en la infraestructura», subrayó Macri para justificar el proyecto.
Con reuniones previas que incluyeron a los ex jefes de Gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Telerman –quienes se mostraron de acuerdo con la iniciativa—Macri espera con viento a favor tener listas las obras para el final de su segundo mandato, imagina él, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales. El único que faltó a la cita fue el ex alcalde y ex presidente Fernando De La Rúa que no estuvo presente en el encuentro. Parte del proceso licitatorio requiere un concurso a través de la Sociedad Argentina de Arquitectos que tendrá un rol de jurado y contralor de la licitación general de costos y diseño. Se descuenta la posibilidad de que la partida presupuestaria necesaria para su construcción vaya aumentando con el correr del tiempo, por la intención de montar edificios de «características avanzadas», en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente ya que las construcciones contemplarán el ahorro energético para su funcionamiento.
Durante el 2008, el macrismo ingresó en una polémica al intentar el mismo proyecto pero incluyendo el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano para poder disponer de las 40 hectáreas donde se erigen esos nosocomios. Desde el PRO intentaron, entonces, atajar la catarata de críticas que recibieron contra el futuro Centro Cívico, mediante un plan que preveía la «desmanicomialización» del sistema de salud mental porteño. Los cuestionamientos arreciaron y el macrismo se quedó con las ganas de emprender la gran mudanza, ya que la totalidad de las carteras de la intendencia de la ciudad hoy están repartidas en 50 edificios. Para empeorar la situación, a principios de año trascendieron a través de las filtraciones de Wikileaks un supuesto ofrecimiento de Macri a la embajadora estadounidense Vilma Martínez para que el Departamento de Estado del país del norte construyera una nueva sede en los terrenos del futuro proyecto. Para alejar suspicacias las autoridades de la ciudad aseguraron que con esta nueva iniciativa «no se van a tocar ni el Borda ni el Moyano». A pesar de ello, los cuestionamientos sobre la modalidad propuesta para la licitación ya se hicieron oír.
No fue la única. La legisladora por Diálogo por Buenos Aires María Elena Naddeo cuestionó la inversión que requerirá el ambicioso proyecto, a la vez que remarcó que la política de salud mental en la ciudad está «pendiente». «Es sorprendente que Macri impulse una megainversión de 250 millones sin haber resuelto uno solo de los temas pendientes de la Ley de Salud Mental, cuya inversión sería infinitamente menor», dijo la diputada ibarrista apenas conocido el anuncio. «No existe plan de Salud Mental en la Ciudad, no tenemos un proyecto de refuncionalización de los hospitales históricos, ni las líneas de trabajo y de inversión económica presupuestaria para su adecuación a la ley de salud mental, tanto la 448 y la 26.657», concluyó la presidenta de la comisión de seguimiento de la Ley de Salud Mental en la Legislatura.
Como contrapartida, el PRO salió al cruce de las acusaciones y destacó que con la nueva obra se llevará a la práctica la acción de «equilibrar territorial y simbólicamente la ciudad», mientras que se «generarán nuevos empleos» y se «interconectarán zonas urbanas». Como beneficio adicional, desde la oposición señalaron con escepticismo que también se «invisibilizará» cualquier conflicto o movilización social que decida protestar contra las autoridades ubicadas en un área de menor visibilidad pública al no estar enclavada en un centro neurálgico como en la actualidad.

En declaraciones radiales, Pianelli afirmó que los metrodelegados evalúan si realizarán un paro este martes, en solidaridad con lo ocurrido el pasado viernes en el neuropsiquiátrico.

"Seguramente va a ser en el horario que la gente esté concurriendo a la marcha", adelantó el gremialista. "Si hay cese de actividad va a ser simbólico, por poco tiempo", agregó Pianelli.
Trabajadores del Hospital Borda participarán el martes en las protestas de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE), por la represión del viernes a quienes se oponían a la demolición de uno de los talleres y pedirán juicio político del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

La decisión fue tomada este domingo en una asamblea realizada en el predio del hospital neuropsiquiátrico, a la vista de las ruinas dejadas por la acción del Gobierno de la Ciudad, que la justicia había vedado.

Además de la entidad sindical, las organizaciones "Pan del Borda", Frente de Artistas del Borda, Cooperanza y La Colifata se reunirán el 30 de abril a las 11 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para sumarse a los actos callejeros, informó Daniel Calvo, coordinador del taller de periodismo del Frente de Artistas.

Reclamarán allí el juicio político al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y las renuncias de los ministros de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, a quienes responsabilizan por lo ocurrido.

Los manifestantes pedirán también que no se instale el centro cívico proyectado por las autoridades porteñas, en terrenos aledaños al hospital.