En la Legislatura, el diputado Parrilli, en el marco del Informe de la Comisión Investigadora Especial, solicitó Juicio Político contra el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri

En ese sentido, el legislador de izquierda, justifica "El juicio político está previsto en nuestro ordenamiento constitucional en el capítulo cuarto de la constitución de la Ciudad de Buenos Aires arts. 91 a 94, específicamente, el art. 92 del citado cuerpo legal establece que: “La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece”.
No hay dudas en el suscripto con relación a que el Sr. Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri ha incurrido en la causal de “mal desempeño” de su cargo y que ese mal desempeño tiene tres puntos centrales:
Primero, la política llevada adelante para la integración de la Policía Metropolitana, centralmente en su cúpula, caracterizada por la conformación de la misma, en su mayor parte, por personal policial proveniente de la Policía Federal Argentina que prestara servicios en lugares claves del aparato represivo durante el período de la dictadura militar, como por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Federal.
Segundo: La creación, y en esto tiene un peso fundamental la circunstancia ya apuntada anteriormente en cuanto a las características personales y profesionales del personal de comando de la fuerza policial porteña, de una fuerza de seguridad que lejos de constituirse en una fuerza que cumpliera con el perfil establecido en la ley 2894 fue diseñada y conformada como cuerpo de inteligencia con un perfil represivo claramente enfocado en la represión social, gremial y política como no otra cosa puede deducirse de los antecedentes de quienes hoy dirigen la fuerza, de la estructura misma de ella y hasta de su equipamiento.
Tercero: La conformación, dentro del esquema antes referido de la Policía Metropolitana, de un aparato ilegal de interceptación de comunicaciones telefónicas de ciudadanos y habitantes que funcionó en el seno mismo del aparato estatal, utilizando sus recursos materiales y humanos y violó gravemente garantías elementales de los ciudadanos.
Es indudable que la designación del personal policial antes referido en la cúpula de la Policía Metropolitana, el perfil dado a la fuerza por esos integrantes y la orientación de la misma hacia tareas de inteligencia y seguridad derivó en la conformación del aparato ilegal que, en cabeza de Ciro Gerardo James está siendo investigado judicialmente y ha generado, respecto del Sr. Jefe de Gobierno, su procesamiento en la esfera judicial y la elevación de las actuaciones judiciales elaboradas a su respecto a juicio oral.
Como es de público y notorio, tanto el Sr. Jefe de Gobierno como sus ministros del área, centralmente el Ministro de Seguridad y Justicia Dr. Guillermo Tristán Montenegro, así como el Sr. Jefe de Policía, Licenciado Eugenio Burzaco, han defendido la conformación de la Policía Metropolitana con personal que, en gran parte y sobre todo en su cúpula y altos mandos, se desempeñó en el aparato represivo de la dictadura militar. Asimismo también han defendido el perfil actual de la fuerza y reivindicado las tareas de inteligencia llevadas adelante por la misma.
Así las cosas, y siendo que estamos en presencia, obviamente, de una decisión política deliberadamente adoptada, deberán hacerse responsables de la misma.
El claro divorcio entre esa decisión política y las más elementales normas vigentes en materia de idoneidad para ocupar cargos públicos así como para la defensa de los derechos y garantías más elementales constituye, a mi juicio, una clara causal de mal desempeño del cargo que debe conducir al responsable de la administración de la ciudad, el Sr. Jefe de Gobierno, a su juicio político.
Es que, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Nicosia de estricta aplicación al caso en lo conceptual del objeto a que se apunta en el juicio político “Mal desempeño o mala conducta, no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
En el caso del Ingeniero Macri estamos en presencia de un mal Jefe de Gobierno que ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires por la política de seguridad que ha llevado adelante en la conformación, instrumentación y orientación de la Policía Metropolitana.
En este orden de ideas recomiendo a) formar causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los arts. 92 a 94 de la Constitución de esta Ciudad. b) Inmediata separación de los actuales integrantes de la cúpula de la Policía Metropolitana referidos en el Informe de la Oposición de fecha 4 de agosto de 2010 y suscripto por los diputados Gabriela Patricia Alegre, Juan Pablo Arenaza, Delia Beatriz Bisutti, Rafael Amadeo Gentili, Diego Gabriel Kravetz, Gonzalo Roberto Ruanova, Francisco Nenna, Rocío Sánchez Andía, Claudio Damián Presman, Julio Raffo y Marcelo Parrilli en el marco de la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana.
Nuestro bloque se opuso en su momento a la sanción de la ley que creó la Policía Metropolitana, no porque estuviéramos en desacuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires tuviera un cuerpo de seguridad sino porque no estábamos de acuerdo con las características que se pretendía dar a esa fuerza en los proyectos de ley que en definitiva llevaron a la sanción del cuerpo de leyes que dieron nacimiento a la Metropolitana.
Así las cosas, estamos absolutamente convencidos que la actual Policía Metropolitana debe ser disuelta para dar nacimiento a un cuerpo de seguridad en donde se incluyan controles de toda la ciudadanía no solamente en la conformación del mismo y designación de sus autoridades, sino en su funcionamiento cotidiano, con una posibilidad expresa y concreta de lograr la revocación de los nombramientos cuando sus funcionarios se aparten del marco en que tienen que desarrollar sus funciones que no pueden ser otros que la prevención y el cumplimiento de sus tareas con estricto respeto a los derechos, declaraciones y garantías contenidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la CABA y los tratados internacionales incorporados a ellas en materia de derechos humanos.
Ninguna duda tenemos que solamente así podremos lograr una policía de proximidad con los ciudadanos y habitantes de la ciudad y al servicio de los mismos, con reaseguros frente al autoritarismo y la corrupción, elementos centrales en la descomposición de los aparatos de seguridad.
En este marco que dejo brevemente enunciado, mientras se materializa la política que lleve a la disolución de la actual Policía Metropolitana y su reemplazo por otro cuerpo de seguridad, que debe instrumentarse por otra vía, sí creemos que corresponde y así lo recomendamos, atento las verificaciones efectuadas en el marco de esta Comisión y las pruebas reunidas, centralmente el informe de la Oposición de fecha 4 de agosto de 2010 efectuado por la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana, separar de la fuerza a todos los actuales integrantes de la cúpula policial entendida por tal los 52 altos mandos referidos en dicho informe.