Guido Boggiani (1861-1901), artista plástico, músico, etnógrafo, lingüista, comerciante y fotógrafo, se destaca dentro del nutrido grupo de viajeros europeos y estadounidenses que recorrieron Sudamérica a finales del siglo XIX. Muchos de ellos se interesaron –desde una óptica exotista– por el interior del continente y su importante número de “salvajes” viviendo en “estado natural”.

La obra fotográfica de este artista italiano –hecha en las zonas del Gran Chaco y el Mato Grosso y principalmente dedicada a las tribus caduveo y chamacoco– se diferencia de esa visión. Como fotógrafo se reinventa en etnógrafo al experimentar y testimoniar el momento del contacto, en tanto el artista se revela como el intrépido europeo de formación académica fascinado por lo desconocido.

La singularidad de esta labor, que conjuga el interés científico-etnográfico con la sensibilidad, la intuición estética y el compromiso con aquellos “otros” –quienes a través de su lente se humanizan–, resulta un verdadero encuentro de identidades y culturas.
Parte de esta obra monumental ha llegado a nuestros días luego de haber permanecido oculta por un siglo, y encontró su destino americano gracias al amoroso trabajo de rescate realizado por Pavel Frič e Ivonna Fričova, dos profesionales de la fotografía checa quienes, siguiendo los designios de una historia familiar, han enlazado su destino al de nuestro continente.

Haciendo honor al legado de este trascendente patrimonio visual y documental que, en aquel cambio de siglo, da cuenta de una región aún inexplorada cuando el resto de América se afana imperiosamente en conquistar la modernidad, cumplimos y hacemos nuestro su deseo de difusión de esta obra de enorme importancia estética, condición de su donación a nuestro país. 

La Policía de la Ciudad  allanó una clínica  médica ilegal en el Barrio 31 de Retiro. Secuestró medicamentos, ampollas, bisturíes, sellos y recetarios. Dos personas quedaron detenidas por tenencia ilegal de armas de fuego. 

La investigación se inició a raíz de un operativo de saturación en el Barrio 31 y el operativo fue encabezado por efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad en un local ubicado en la calle Sara Beatriz Fernández al 400, donde se encontraron elementos probatorios que indicaban que el lugar funcionaba como clínica y farmacia sin la habilitación correspondiente.

En el lugar fueron identificadas dos personas, una mujer de 19 años que oficiaba de farmacéutica y otra de 43 que dijo ser médica, pero no pudo acreditar su condición. 

El operativo contó con la participación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que clausuró el lugar por falta de habilitación. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Salud de la Nación, los cuales hallaron medicamentos del plan nacional "Remediar" que estaban exhibidos ilícitamente para la venta, y otros elementos para la prestación de servicios de atención médica oncológica, odontológica, kinesiología y clínica médica en general.

En total, se secuestraron más de 3.000 comprimidos de distintas denominaciones, 42 envases con antibióticos, 36 ampollas, 15 jeringas, y más de 50 bisturís, junto con tests de embarazo, preservativos, sellos matriculados de médicos de distintas especialidades, talonarios de recetas, barbijos, nebulizadores, mangueras para suero, cuellos ortopédicos, sondas, conectores de orina y diversos elementos quirúrgicos, entre muchos objetos más.

También los oficiales detuvieron a dos personas por la tenencia de dos armas de fuego, una de las cuales, calibre 9mm, poseía documentación cuyo domicilio de tenencia difería del lugar allanado, mientras que la restante, calibre 25 carecía completamente de documentación y tenía la numeración suprimida, además de cartuchos y municiones.

En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°26 a cargo del Dr. Repetto, Secretaría N°52, y también la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 a cargo del Dr. Tropea, junto con la Secretaría de la Dra. López, y se dispuso la detención de la pareja por tenencia ilegal de arma de fuego.

El TDC presenta pequeñas piezas coreográficas para mostrar lo aprendido durante el primer cuatrimestre del año.

El viernes 5 y el sábado 6 de julio a las 18 horas se presentará, en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, un espectáculo integrado por breves piezas coreográficas, interpretado por los alumnos del Taller de Danza Contemporánea que dirige Norma Binaghi y codirige Damián Malvacio. 

El Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) es una de las salas que integran el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín presenta la Muestra de mitad de año. Los estudiantes de los tres niveles invitan a conocer todo lo aprendido durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2024. A través de distintas coreografías, transitan la experiencia de ser intérpretes.

Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín
Dirección: Norma Binaghi
Codirección: Damián Malvacio

Estudiantes de tercer año: Camila Bianchi, Lucía Blanco, Florencia Calisaya, Ariana Chicco, María Pilar Gómez Capózzolo, Ludovica Lagoria, Julián Mazzarelli, Josefina Moreira De Castris, Agustina Norese, Sofía Zalazar Vázquez, Sol Fernández Rey, Camila Vanoni, Agustina Viera, Renata Cardeli. 

Estudiantes de segundo año: Tomás Isaías Aimaretti, Alejo Burgos Palacios, Gonzalo Galarza, Valentín Garro Leyes, Juan Manuel Jauregui, Luciano Leiter Marangoni, Franco Daniel María, Lucas Olmedo Sanabria, Isaías Ezequiel Sajama, Mailén Covelo Durán, Victoria de la Barra, Victoria Gavilán, Camila Hernández, Abril Istilart, Valeria Mindiola Pedraza, María de los Ángeles Padilla Pasieczny, Sol Magalí Paulli, Luciana Camila Pérez, Miel Solá, Isabella Stagnani.

Estudiantes de primer año: Morena Arce, José Ignacio Bárcena, María Gema Bueno Ruffa, Eugenia Brizzi, Zoe Martina Centeno,  Aldana Ciotta, Agustín Crincoli, Constanza De Angeli Bordin, Gerónimo Delocca, Nicolás Díaz, Fiamma Ferrari, Bernarda Feuillade, Victoria Belén González, Ignacio David Herrera Chávez, Valentina Lenci, Valentin Leuze, Paz Lodolo Moyano, Facundo Valentino Lucero Vera, Fabrizio Fidel Muñoz López, Pahola Rivas, Ulises Ismael Romano, Lucía Rolón Anselmo, Pablo Sandoval.

Entrada gratuita
Duración total: 60 minutos
El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín fue fundado en 1977, en forma simultánea con la creación del Ballet Contemporáneo del San Martín, y desarrolla su actividad de manera ininterrumpida desde hace más de 45 años. Su primer propósito fue configurar un espacio de trabajo de investigación, capacitación y perfeccionamiento artístico. Con el tiempo, los objetivos del Taller de Danza se fueron ampliando: se instauró un ciclo trienal de formación gratuito, que se destaca por su excelencia académica e impulsa a jóvenes bailarines en el desarrollo de su nivel técnico, en su potencia física, en su mundo creativo y en su motivación artística. Durante ese período, el Taller facilita a sus integrantes distintas posibilidades de intercambio que enriquecen su aprendizaje como intérpretes integrales brindando diferentes perspectivas expresivas y compositivas.
En la actualidad, los egresados y egresadas son convocados a integrar el medio profesional de la danza, en el ámbito nacional o internacional, en carácter de intérpretes, directores, coreógrafos, maestros, creadores.

Sobre el Programa de Adscripciones:
A partir de 2022 los egresados del Taller de Danza pueden aplicar a adscripciones docentes dentro del Programa Académico (1°, 2° y 3° año). La retribución de esta posibilidad es brindarles, desde la formación del TDC, una experiencia cercana a vivenciar la docencia, con los maestros como tutores dentro del espacio de contención pedagógica que brinda el Taller. Y así tener una instancia externa para seguir acompañando, en esta oportunidad, a quienes estén interesados en la docencia.

+ info tallerdanzasanmartin@gmail.com

Con entrada gratuita, la agrupación porteña se presentará en el Teatro San Martín.

Este viernes a las 13 horas tendrá lugar en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) la presentación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires que dirigen los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky.

En el concierto, que contará con la dirección de Courtney Snyder como maestra invitada, la agrupación ofrecerá un programa integrado por las piezas Obertura peruana de Antonio Gervasoni, Give us this day (Danos este día) de David Maslanka, Sheltering Sky (Cielo protector) de John Mackey, Tango N° 1 de Ástor Piazzolla, Danzón N° 2 de Arturo Márquez, Zoom de Scott Boerma y Danza final (Malambo) de Alberto Ginastera. 

Courtney Snyder es directora Asociada de Bandas y profesora Asociada de Dirección en la Universidad de Michigan, donde dirige la Banda de Concierto, enseña dirección instrumental de pregrado y posgrado, y dirige la Banda Sinfónica Juvenil de Michigan. Es frecuentemente invitada a dirigir y enseñar en agrupaciones de su país y también a nivel internacional. Sus actuales proyectos incluyen improvisación en grandes ensambles, pedagogía de dirección y divulgación de equidad de las mujeres, así como de los compositores y directores de BIPOC (negros, indígenas y personas de color).

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires fue creada por iniciativa de Antonio Malvagni, experimentado director italiano, para darle a la ciudad una agrupación sinfónica de carácter permanente. 

Se presentó oficialmente en el Teatro Colón el 14 de mayo de 1910 para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. 

Fue dirigida por figuras de trayectoria nacional e internacional como Rafael Del Giudice, Domingo Calabró, Reinaldo Zamboni, Mariano Drago, Gerardo Gandini, Roberto Farías (Brasil), Dennis Johnson (Estados Unidos), Vito Clemente (Italia), José María Castro, Pascual Grisolía, Mario De Rose, Bernardo Teruggi, Gustavo Fontana y José Luis Cladera. A ellos se sumaron Juan José Castro, Luis Gianneo, Pedro Ignacio Calderón y Simón Blech, entre otros. 

Desde sus inicios, la Banda Sinfónica de la Ciudad realiza una constante tarea de divulgación tanto en espacios abiertos, plazas y parques como en salas de conciertos y escuelas públicas porteñas, donde desarrolla una intensa labor pedagógica mediante su ciclo anual de conciertos didácticos.

La Lic. en Ciencias Ambientales María Laura Isla Raffaele, egresada y docente de la FAUBA, explica la importancia de la norma que protege los glaciares y ambientes periglaciales; habla acerca del rol de los científicos en la formulación y aplicación políticas ambientales y se refiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado recientemente en la Ley Bases.

La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, conocida como "Ley de Glaciares", fue aprobada en el año 2010 con el propósito proteger los glaciares y los ambientes periglaciales del país, constituidos como reservas estratégicas de recursos hídricos.

“Los glaciares cumplen la función esencial de abastecer de agua a las cuencas cordilleranas. En un contexto de cambio climático, se vuelve central llevar a cabo medidas para proteger esos ecosistemas. La megaminería es considerada una de las principales causas antrópicas de destrucción y contaminación de esos ambientes”, contó la Lic. en Ciencias Ambientales, María Laura Isla Raffaele, egresada de la Facultad de Agronomía de la UBA y becaria doctoral del CONICET.

Isla Raffaele trabaja en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es docente de la Cátedra de Extensión y Sociologías Rurales de la FAUBA en la asignatura Ambiente y Sociedad. Desde hace varios años estudia los procesos de producción e implementación de normas ambientales, en particular de la Ley de Glaciares y su relación con las disputas por la megaminería.

“En la complejidad de esos procesos, además de los poderes legislativos y ejecutivos, intervienen otros actores sociales que buscan incidir en la producción y aplicación de esa norma; manifestándose las tensiones con respecto al desarrollo de actividades económicas y la protección ambiental. A partir del estudio de los conflictos socioambientales problematizo las discusiones con respecto al rol de los y las científicos/as en la formulación y aplicación de una política ambiental”, explicó la investigadora. 

En este sentido, aportó que gracias a la aprobación de la Ley 26.639 se crearon distintos instrumentos como el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Esta herramienta permitió, por primera vez, conocer la cantidad de glaciares existentes en nuestro territorio, su superficie y ubicación. “El Inventario busca generar información sobre cómo se están comportando los glaciares en el contexto del cambio climático y sobre la cantidad de agua que aportan y podrán aportar en el futuro a las cuencas hidrográficas”, dijo Isla Raffaele. 

También, la norma determinó la prohibición de la minería en los glaciares y el ambiente periglacial y estableció la realización de auditorías ambientales, evaluaciones de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica para las actividades proyectadas en esos ambientes .

“Una de las principales causas por las que las comunidades y asambleas se oponen a la megaminería es por el importante consumo de agua que requiere la actividad y la contaminación que genera, ya que muchas veces los emprendimientos mineros se instalan en territorios donde el agua escasea. También es muy cuestionada porque no genera el desarrollo de las comunidades, solo algunos pocos actores se quedan con los beneficios del extractivismo”, expuso.

Según contó la investigadora, la Ley de Glaciares ha sido muy resistida desde su formulación por actores ligados a la minería. Sin embargo, señaló que la norma ha recibido un importante apoyo del sector ambientalista a nivel nacional y ha superado varios obstáculos para su implementación, entre ellos, demandas judiciales iniciadas por grandes empresas mineras.

“El RIGI puede implicar un perjuicio para el ambiente”

En diciembre de 2023 el Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus. Entre su paquete de medidas proponía una modificación de dos artículos claves de la Ley de Glaciares para habilitar la minería en el ambiente periglacial.

“La modificación reducía las geoformas a proteger, al determinar que dentro de ese ambiente solo se protegerían los ‘glaciares de roca activos’, excluyendo a los inactivos y a los manchones de nieve, lo que representaba la exclusión de 39.184 hectáreas de cuerpos de hielo de la Cordillera de los Andes. A la vez, incorporaba nuevos parámetros o requisitos que debían cumplir los glaciares, algunos de los cuales eran difíciles de medir o incluso sujeto a distintas interpretaciones para ser preservados”, reveló María Laura Isla Raffaele.
Si bien “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” no incluye las modificaciones a la Ley de Glaciares, introduce un capítulo controversial: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta reglamentación busca otorgar mayores privilegios a grandes inversores multinacionales para realizar proyectos extractivos con importantes beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros por 30 años.
“El RIGI puede implicar un perjuicio para el ambiente ya que ninguno de sus artículos específicos les impone a las empresas que deban presentar Estudios de Impacto Ambiental; y además viola la división de poderes afectando al federalismo porque establece que cualquier norma municipal, provincial o nacional que limite u obstaculice el funcionamiento del RIGI puede ser declarada nula, dentro de esas normas estarían incluidas las ambientales”, señaló Isla Raffaele.

“A su vez - añadió la investigadora - considera a la regulación ambiental como un costo (plausible de ser eliminado o reducido), sugiere la posibilidad de que las audiencias públicas (instrumento clave para la participación ciudadana en los procesos de EIA) sean optativas, y permite que cualquier controversia con las empresas puedan resolverse en un tribunal internacional”.

La Policía de la Ciudad detuvo en hechos distintos a dos hombres que eran buscados por abuso sexual contra menores de edad en los barrios de Almagro y Paternal, de los cuales uno de ellos había sido condenado a 16 años de cárcel.

Una de las capturas permitió dar con un agresor sexual de 61 años que había sido condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de sus cuatro hijos, uno de ellos adoptivo, mientras eran menores entre 2002 y 2009.

El imputado fue detenido por personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad mientras salía de una vivienda en la avenida Boedo al 500, en el barrio de Almagro, a solicitud de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo del Dr. José María Campagnoli.

La denuncia fue radicada en enero de 2009 en la entonces comisaría 9 de la Policía Federal Argentina, por la madre de los cuatro hijos, en aquella época menores de edad.

En febrero de 2011 el Juzgado Criminal y Correccional N°1, dictó el procesamiento del acusado por abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, a su vez agravadas por haber sido cometida contra menores de dieciocho años de edad, aprovechando el imputado la situación de convivencia preexistente, y por resultar el padre de todos ellos, adoptivo con relación a uno y biológico respecto de los tres restantes. También fue acusado de corrupción de menores agravada por mediar violencia y amenazas. 

El 11 de agosto del año pasado, en tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 ratificó la sentencia dictada el 18 de mayo de 2016, en la que se condenó al acusado a 16 años de prisión, ordenándose su captura.

El pasado 19 de junio la Fiscalía General N°29 solicitó la colaboración de la División Delitos Contra la Integridad Sexual a fin de hallar al prófugo, quien tras ser detenido fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro agresor sexual detenido en Paternal

Por otra parte, también efectivos de la División Delitos contra la Integridad Sexual detuvieron en el barrio de Paternal a un hombre de 73 años que estaba prófugo desde 2016 y que había sido condenado a 8 años de prisión por el abuso sexual de un menor en un club en Flores.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron la orden del Tribunal Oral en lo Criminal N°19 (TOC19), para proceder a la detención del imputado, la cual fue concretada cuando salía de una vivienda ubicada en la calle Manuel A. Rodríguez al 2300.

La causa inició el 18 de mayo de 2011 con una denuncia radicada en la entonces Comisaría 38a de la Policía Federal Argentina, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal N°3, por ante la Secretaría N°110, en la que el hombre ahora detenido fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber configurado para la víctima un sometimiento sexual gravemente ultrajante y por causar un grave daño a la salud mental del damnificado”, quien al momento del hecho tenía 16 años.

El hecho que se le imputa habría sido cometido en un club ubicado en Flores, donde ambos habrían estado trabajando. Con el transcurrir del proceso, el imputado fue condenado en 2006 a 8 años de prisión, pero al enterarse del fallo, el encausado evadió a la Justicia durante, coincidentemente, ocho años.

Más de 16 kilos de pólvora negra, 600 frascos con mercurio líquido y unos 26 kilos de azufre, precursor químico para hacer explosivos, fueron incautados por la Policía de la Ciudad tras una serie de inspecciones a santerías de Liniers, Balvanera y Constitución
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Investigaciones Especiales (DIE) de la Policía de la Ciudad por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Carlos Fel Rolero Santurián. 

Participaron también miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), la Brigada de Riesgos Especiales de Bomberos de la Ciudad, la Agencia Nacional de materiales Controlados, y las Direcciones Generales de Fiscalización y Control (DGFYC) y de Control Ambiental (DGCONTA).

En uno de esos comercios, ubicado en Cuzco al 100, los oficiales descubrieron una “cocina” con balanzas de precisión, cucharas y guantes para la producción de pólvora negra. En tanto, en otro comercio ubicado en Bueras al 100, se encontraron grandes cantidades de azufre, uno de los precursores químicos usados para producir pólvora negra.
En diez de las santerías se vendía pólvora negra sin contar con la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). En otros locales ofrecían a la venta mercurio líquido, un material altamente peligroso para la salud.

Los responsables de los quince locales inspeccionados quedaron imputados, algunos por suministro de explosivo, comercialización de metales tóxicos, por la existencia de mercurio líquido, y por infracción a la Ley 22344 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ya que fue hallado gran cantidad de palo santo (bulnesia sarmientoi) y mangos de cuchillos hechos con partes de animales silvestres, como pezuñas de ñandúes y cornamenta de ciervos.

Los locales inspeccionados están a dos cuadras de la calle Cuzco entre Ángel Honorio Roffo y Bynon y uno en Bueras. Otros tres están en Sarmiento al 2100 y 2200, en Balvanera, y dos en Constitución, sobre Lima al 1300 y Garay al 1200.

En total, los oficiales secuestraron 16,073 kilogramos de pólvora negra fraccionada en pequeños contenedores, 26.051 kilos de precursores químicos para fabricación de explosivos, 646 frascos de mercurio líquido, 57.340 kilos de palo santo en fragmentos y nueve cuchillos confeccionados con subproductos de fauna silvestre.

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas, tres de ellas de una misma familia, acusadas de comercializar drogas en la Plaza Lola Mora. En tres allanamientos realizados en los barrios de Monserrat y Constitución se secuestraron dos ladrillos de marihuana, una bolsa de más de 1 kilo de cogollos, cocaína fraccionada y dinero en efectivo.

Los oficiales comprobaron que los vendedores, junto a un carrito con un bebé, esperaban en un banco de la plaza Lola Mora - conocida por llevar un mural gigante con la figura de Diego Maradona- que lleguen compradores, observando el pasamanos de la transacción.

La investigación realizada por la División Investigaciones Antidrogas Zona lV de la Policía de la Ciudad se inició en el mes de abril luego de las denuncias recibidas por los vecinos. 

Tras las tareas de campo realizadas los oficiales pudieron comprobar los roles de las personas investigadas y las direcciones que la organización delictiva utilizaba como base para el acopio, fraccionamiento y estiramiento de las sustancias.

Con las pruebas obtenidas, la Fiscal Cecilia Amil Martin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), solicitó al Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N°28, a cargo de la Dra. María Julia Correa, que librara las correspondientes órdenes de allanamiento. 

Como resultado del operativo, fueron detenidos cinco personas, y se secuestraron dos ladrillos de marihuana de 654 gramos; una bolsa con cogollos de marihuana (1331 gramos.), un trozo de la misma sustancia de 400 gramos y 14 bolsas que totalizaban 344.8 gramos, 3 balanzas de precisión. $ 134.000, 7 celulares, 10 envoltorios con cocaína (12.26 g.).

Dinámica de la banda

Las detenciones de los cinco imputados, dos hombres que cumplían el rol de cabecillas y jefes de la organización, y tres integrantes de una familia (dos mujeres y un hombre) - que oficiaban el rol de colaboradores - fueron realizadas en el interior de la plaza Lola Mora. Allí, los delincuentes, para ocultar la actividad ilícita utilizaban el acompañamiento de menores de edad como "pantalla" y una calesita donde se ubicaban para no ser fácilmente detectados.

Tras las detenciones se llegó a un acuerdo en juicio abreviado solicitándose al juzgado la condena a 3 años y seis meses a uno de los imputados, a 2 años también de cumplimiento efectivo para una de las mujeres, en tanto que dos recibieron un año de prisión en suspenso, al tiempo que el quinto involucrado fue intimado con medidas restrictivas

La Policía de la Ciudad participó de un procedimiento en un centro de estética ubicado en la zona de Tribunales: fue clausurado por el Ministerio de Salud tras constatarse que utilizaba equipos sin habilitar y ofrecía medicamentos vencidos.

Personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad encabezó la inspección en el local de Montevideo al 700 y contó la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y de representantes del Ministerio de Salud para constatar la legalidad de los tratamientos que se efectuaban.

El procedimiento verificó que el centro de estética carecía de profesionales matriculados.

Se incautaron más de 500 pastillas de medicamentos vencidos (clonazepam, tramadol y lidocaína, entre otros) y el equipamiento láser hallado no estaba homologado por la ANMAT. Se secuestraron más de 130 historias clínicas de pacientes.

Al consultar con la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 11, a cargo de la doctora Massaglia, Secretaría del doctor Pérez Bustos, se dispuso la imputación de la mujer que atendía el local y el secuestro de todos los elementos encontrados, tanto de los medicamentos como el equipo de depilación láser.

La Policía de la Ciudad detuvo a una empleada doméstica que robó dinero en efectivo, joyas, perfumes y otros objetos de valor a su empleadora en el barrio porteño de Belgrano.
La víctima, de 83 años, se presentó en la comisaría vecinal 14C a denunciar que notó un faltante de dinero, joyas y perfumes y acusó a su empleada doméstica.

El personal policial decidió acercarse al domicilio de la denunciante y sorprender a la denunciada. Al arribar al domicilio constataron que la misma (de 49 años, de nacionalidad paraguaya) tenía en su poder 80.000 pesos en efectivo - que se comprobaron eran de la dueña de casa - escondido entre sus ropas. 

Horas después, personal de Investigaciones de la Comuna, con orden judicial procedieron a realizar un allanamiento en el domicilio de la empleada, en Barrio 31.    

En el domicilio encontraron perfumes por un valor de casi un millón y medio de pesos, un colchón valuado en 300.000 pesos, joyas y bijouterie, un reloj y otros elementos más que habían sido denunciados como robados.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24,  a cargo del Dr. Godoy, que ante la Secretaría N°131, del Dr. Herrero, labró actuaciones por hurto y dispuso la detención de la mujer.