30/06/2011
FUNCIONARIOS DEL GCBA NO REALIZAN SUS DDJJ
Más del 50% de los 126 funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires no realizó la presentación de sus declaraciones juradas a pesar de que “estaban obligados” por una norma local. Así lo expone la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en un informe que aprobado este año sobre datos de 2009.
Cuando los auditores comenzaron con el trabajo de campo, con el fin de verificar el cumplimiento la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los diferentes miembros del Ministerio, se encontraron con que los listados que recibieron de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la Escribanía General de la Ciudad y del mismo Ministerio de Ambiente, “resultaban incompletos y no coincidentes”.
También remarcaron que “la inexistencia de un listado único y completo de los entes obligados a presentar declaraciones juradas”, lo que ocasiona “dificultades para controlar los cumplimientos”. De hecho, según el Ministerio de Ambiente, los funcionarios que debían realizar la presentación de sus declaraciones eran 105, mientras que para la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos se trataba de 181.
Los auditores tuvieron que realizar un trabajo de “integración y depuración” para poder saber realmente cuántos miembros del Ministerio estaban obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales. El resultado que obtuvo la AGCBA fue de 126 funcionarios.
De ese total de empleados, la Auditoría observó que “67 agentes han incumplido con la presentación de DDJJ”, lo que representa el 52,2%. Al respecto, el organismo de control expresó que existe un “alto nivel de incumplimiento”.
Sanciones:
En materia de intimaciones y sanciones a los infractores, la AGCBA señala que “la legislación vigente durante el período auditado - 2009 - no establece sanciones específicas para los funcionarios incumplientes (SIC)” y completa diciendo que “esta carencia permite que un funcionario pueda cesar su cargo sin haber presentado la DDJJ o asumir otro sin presentar la declaración de alta en su nueva función”.
Si bien el Decreto 1381/GCBA/04 que regulaba la situación de las declaraciones juradas en 2009 fue reemplazado por otro Decreto, el 450/10, la nueva normativa continúa siendo insuficiente, ya que sigue sin pautar “ningún tipo de sanción” para quienes no se ajusten a lo estipulado. Sin embargo, es importante mencionar que no es la primera vez que la AGCBA menciona “la necesidad de establecer sanciones concretas a los funcionarios incumplientes”.
Registro y archivo
La AGCBA detectó que el programa informático que se utiliza para el registro de declaraciones juradas “no funciona correctamente”, ya que no registra la fecha de la presentación del funcionario sino la de la carga en sistema.
La documentación se guarda en cajas apiladas que no tienen “ningún orden lógico”. Ante la falta de espacio en el archivo para la conservación de la DDJJ –que deben permanecer a disposición durante diez años-, los auditores detectaron que “un gran volumen de cajas con información correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007 se encuentra en otras oficinas”.
Finalmente, la Auditoría señala que en materia de declaraciones juradas, guarda, conservación y archivo de documentación persisten falencias que ya habían sido detectadas y reveladas en otros informes sobre distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad.
ENTREVISTA AL RABINO SERGIO BERGMAN
No hay nada más de derecha que robar por izquierda”, lanza el rabino Sergio Bergman, en un momento de la charla para esta contratapa. Pero no se detendrá allí. Ecléctico y carismático, el primer candidato a legislador por PRO es una máquina de producir frases marketineras. Escapa a cualquier clasificación y está convencido de que, en esta elección, se juegan dos proyectos de país: el del Frente para la Victoria, que busca “eso mismo que propone: la victoria”, y el del Frente para la República, al que él pertenece. “Somos quienes queremos restablecer las reglas de juego democráticas frente a una visión de poder autocrático, que es la del populismo kirchnerista.”.

–En los últimos años se lo ha visto cerca de varias fuerzas políticas y se lo ha criticado por eso. ¿Por qué ahora se decidió por PRO?

–Si la política tradicional quiere medirme con los parámetros tradicionales, conmigo va mal. No lograrán encasillarme, ni domesticarme. Tu pregunta se responde explicando brevemente el proceso que transité en los últimos años. Después de 2001, la idea fue nuclearnos en torno a la política cívica, cuyo principio es ayudar al que gana, sea cual fuere esa fuerza. Este principio no se comprendió porque se lo confundió con la política partidaria Entonces, si me veían en un acto de la Coalición o de PRO, o de cualquier otro partido, decían: “A este cualquier colectivo lo deja bien”. Ahora, bien...

–Disculpe, pero desde ese punto de vista, ¿por qué no se lo vio ayudando al kirchnerismo?.

–Cuando ganó Cristina, fuimos a la Casa Rosada a ponernos a disposición. Nos atendió (Florencio) Randazzo. Le llevamos dos propuestas. La primera, relativa a los DNI –al margen, si yo fuera periodista de investigación, me metería a investigar ese tema–, pero no la aceptaron porque ya tenían la propia. La segunda, era una iniciativa llamada “Soja por vida”. Se trataba de construir caminos en las rutas, donde hay plantaciones de soja. Me dijo entonces Randazzo: “No, porque ahí (en el sector del campo), creo que se vienen algunos cambios”. Claro, después vino nada menos que la 125.

–¿Y por qué se sumó a PRO, y no a otra fuerza opositora?

–Aclaro primero que, durante la etapa de la política cívica, que arrancó en 2001, con la experiencia del Diálogo Argentino, necesitamos construir en los últimos años un movimiento de ciudadanos capaces de comprometerse. Es decir, formar cuadros cívicos para que el pasaje a la política partidaria no fuera un salto al vacío sino un paso lógico en ese camino. Durante las últimas
tres elecciones no acepté cargos, debido a que faltaba construir este proceso. Y ahora, la oferta de PRO justo coincidió con nuestro crecimiento.

–Entonces, se sumó al amarillo.

–No voy a ser amarillo, y se los dije. Sumé mis colores al amarillo. Sumé el Movimiento de los Ciudadanos al PRO.

–Es curioso, usted define esta elección como la confrontación de dos modelos de país. Los K tienen ese discurso, pero no PRO.

–Y bueno, no lo sé. Pero es lo que yo creo. Se confronta un populismo que no logró convertir el crecimiento en desarrollo y quienes queremos una república en donde funcionen las reglas del juego y los controles de gestión para garantizar la transparencia. Aquí se confronta un proyecto populista que utiliza el asistencialismo para lograr el dominio territorial, usando a los pobres, y un modelo de república que apunta a respetar, ni más ni menos, que la Constitución.

–Hay quien podría decirle que el populismo en América latina permite mayores innovaciones en política y genera modelos más progresistas.

–A los hechos me remito: la economía del kirchnerismo, en ocho años de gestión, no logró una distribución más equitativa de la riqueza, a pesar de que se salteen todos los tiempos que exige el juego democrático, en nombre de esas políticas innovadoras. Mirá, si confrontamos qué formula es mejor, si populismo o republicanismo, bueno, es válido, estamos ante una discusión ideológica interesante. Ahora, si el proyecto K es el saqueo, ya no hay ideología sino demagogia, porque no hay nada más de derecha que robar por izquierda. El general decía: “Mejor que decir es hacer”. Pero el kirchnerismo cambió el eslogan y dice: “Mejor que hacer, es robar”.

–¿Cómo es debatir con Cabandié?.

–¿Con Juan?

–Sí, con su adversario político.

–Juan no es mi adversario. Yo lo respeto por su historia, y es además un emblema del kirchnerismo en la Ciudad. Es el único que puede hablar porque Tomada tiene el tema Ferreyra y lo de la Bancaria. Y en cuanto a Filmus, ya sabemos… No es el Amado.

–¿No es el candidato preferido de Cristina, dice usted?

–Eso está claro. En cuanto a tu pregunta sobre Juan, con él no hay un debate. Juan repite ideas que le han transmitido, sin querer profundizar en ellas, en su verdadero significado.

–¿Qué dicen las autoridades de la comunidad judía ahora, con esta postulación?

–¡Ah, nunca nos hemos llevado mejor! Porque, por primera vez, coincidimos. Ellos dicen: “Es un orgullo que un integrante de la comunidad se postule, siempre que no lo haga en representación de la colectividad”. Y yo estoy totalmente de acuerdo: me postulo como un ciudadano común.

–¿Y por qué quería usar el término “rabino” en la boleta, entonces?

–No, yo nunca quise eso. Esa fue idea del Comité Electoral de PRO. Yo prefiero prescindir de títulos.

–La última, rabino. ¿Se postularía para jefe porteño?

–Voy a llegar lo más lejos que pueda con el fin que te comentaba antes; estar al servicio de transformar la democracia en una república, donde, al menos por una vez, se cumpla con la Constitución. Pero, por ahora, soy un simple aprendiz del oficio.

Fuente: Noticias urbanas.

DETECTAN HOGARES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NO ESTÁN HABILITADOS
La AGN realizó un informe que se suma a otras investigaciones de organismos como la Auditoría porteña con hallazgos similares. En una visita a 10 geriátricos, de Capital y Gran Buenos Aires, se detectó que hay planes de emergencia y sistemas contra incendio “en trámite”, y que no se cumple la normativa que indica que debe haber un baño cada 15.

Una vez más se publica un informe sobre hogares para personas con discapacidad sin habilitación. En esta oportunidad, un relevamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P - PAMI) mantenía convenios con establecimientos que no tenían al día los permisos municipales, ni contaban con planes de evacuación de emergencias aprobados por Defensa Civil.
Las observaciones se dan en torno a las prestaciones brindadas por las instituciones contratadas por PAMI, mediante el Programa de Atención Integral para Personal con Discapacidad (PROIDIS), que, durante 2008, brindaba cobertura integral a aproximadamente 11.000 personas en 450 efectores de todo el país.
Mediante la visita a 10 hogares (4 de Capital Federal, 3 de Morón y otros 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires), el último informe de la AGN sobre el INSSJP, aprobado este año sobre datos de 2008, señala que los centros presentaban “planes de emergencia y sistemas contra incendio en trámite”.
En cuanto a las habilitaciones municipales, cabe señalar que tanto la AGN como la Auditoría porteña, publicaron anteriormente informes en las que se detecta la misma irregularidad, tanto desde PAMI, como desde otras dependencias gubernamentales. Un informe de la AGCBA aseguró que en 2007 la ex Dirección General de Discapacidad entregaba ayuda económica a instituciones que no tenían permisos para funcionar. También, la Auditoría de la Nación detectó que en Capital, durante 2007, PAMI trabajaba con geriátricos sin salidas de emergencia y, además, otro informe del mismo período expresaba que en los establecimientos había “falencias que comprometían la seguridad de los residentes”.
La AGN detectó que en Capital hubo hogares que “no cumplían con la normativa de un baño cada 15 personas”; en Morón, “las historias clínicas carecían de informes médicos de especialistas como neurólogos, pediatras, psiquiatras o nutricionistas”; y en San Martín, hubo casos en los que “los baños no estaban adaptados para personas con discapacidades motoras”, y “había ambientes sin climatización permanente para altas y bajas temperaturas”.
De control y penalidades:
No obstante, el informe agrega, que “las Unidades de Gestión Local (UGL) no cuentan con personal profesional suficiente para realizar la totalidad de los controles sobre los establecimientos”, y que los criterios aplicados por esas áreas para el control “son distintos” a los empleados por la Unidad de Auditoría Prestacional. En tanto, ni siquiera “las guías utilizadas por las distintas UGL son totalmente coincidentes entre sí”, por lo que se dificulta “controlar de manera objetiva, ordenada y sistematizada a las instituciones prestadoras”.
De hecho, un informe aprobado en 2010 por la AGN aseguraba que de 457 geriátricos que albergan a 14.500 afiliados, “en 265 no se realizó ningún control sobre su planta física” por parte de las Unidades de Gestión Local.
Por último la Auditoría Nacional afirmó que “no se prevé un sistema gradual de penalidades” para quienes brinden servicios a las personas con discapacidad sin cumplir con los requisitos establecidos. Si los establecimientos no corrigen las falencias detectadas, PAMI “disminuye la categoría del prestador”. No obstante, la AGN señaló que “la baja de categoría como recurso sancionatorio no aparece como un procedimiento que permita graduar la penalidad.

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