09/03/2012
SESIONES AÑO 2012 LA LEGISLATURA CALIENTA MOTORES - PRINICPALES NOVEDADES

Un proyecto para que se derogue el aumento de la tarifa del subte va tomando cuerpo entre los legisladores de la ciudad y con mayor justificación a partir de la incertidumbre en que se encuentra el traspaso del servicio de la Nación a la Ciudad.

La legisladora Claudia Neira, del bloque Buenos Aires para Todos, ha impulsado un proyecto de declaración para anular el aumento del 127 % del pasaje de subte que decretó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri el 5 de enero mediante el decreto 27/GCBA/12.

Según manifiesta la firmante del proyecto su agrupación política viene sosteniendo que que el acuerdo de transferencia (ente la Nación y la Ciudad), requiere la aprobación previa de la Legislatura, no obstante ello, el Ejecutivo luego de la firma de acuerdo inmediatamente y en forma unilateral procedió a aumentar la tarifa a $ 2.50.-; por tal motivo, el único camino que cabría sería derogar el decreto que estableció el inconsulto aumento.

"El único acto administrativo por el cual la tarifa aumentó es el decreto Nº 27/GCABA/12; por eso Vidal, siguiendo el juego de tirarse la pelota uno a otro, no puede decir que por el único motivo que continúa a $2.50 es porque Nación no toma la decisión de bajarla,sino que la Ciudad debe derogar ya ese decreto".

Entre los considerandos de su proyecto la legisladora ha argumentado que dicha medida "nunca fue puesta a consideración de la Legislatura, recordando que el incremento fue cuestionado judicial y extrajudicialmente por diversos organismos de usuarios, vecinos y legisladores de diferentes fuerzas, "por no haberse celebrado la audiencia pública que prevé el artículo 13 de la Ley Nº 210."

Por tal razón el proyecto exige al Poder Ejecutivo que derogue de forma inmediata el decreto Nº 27/GCABA/12 como consecuencia de su propia decisión (indecisión diríamos nosotros) de suspender el proceso de transferencia: "Hoy la tarifa vigente se encuentra fundada en un acto administrativo derivado del Acta de Acuerdo (de fecha 3 de enero de 2012) cuyos efectos se encuentran suspendidos por decisión del propio Mauricio Macri, ha manifestado la autora del proyecto.

Por otro lado, luego de la firma del precitado acta de traspaso, el 28 de febrero la Justicia le notificó a la administración PRO, a Metrovías y a SBASE, que tienen 10 días hábiles para contestar la demanda presentada por los legisladores Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST - Proyecto Sur) que tramita en el juzgado Nº 14 a cargo de la jueza Nidia Cicero.

Fasta la fecha en la legislatura de la ciudad fueron presentadas 85 propuestas de leyes, 56 resoluciones (que abarcan pedidos de informes, otorgamientos de acuerdos y reformas del reglamento), 62 declaraciones que expresan opiniones sobre hechos públicos o privados, que marcarán la agenda parlamentaria del año y el comienzo del trabajo en las 30 comisiones ordinarias y especiales.

Entre los proyectos que arman el esquema del año legislativo se cuenta uno que obliga a los funcionarios políticos a educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos; una de creación de comedores escolares gratuitos; uno de boleta única; uno de cupo juvenil para cargos parlamentarios y de marco para el empleo público y varios proyectos más que proponen cambiar el nombre de algunas calles como Ramón L. Falcón (ex Jefe de la Policía), por el de Mario Amaya, quien fuera abogado y diputado nacional del radicalismo desaparecido durante la última dictadura militar.

Durante la primera sesión del año, los legisladores aprobaron una declaración en la que expresaron su "profundo pesar" por la tragedia ferroviaria ocurrida en la Estación Once de la Línea Sarmiento el 22 de febrero pasado, donde perdieron la vida 51 personas y resultaron heridos 705 pasajeros.

Al respecto, los diputados reconocieron el trabajo realizado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Ciudad en el rescate y traslado de las víctimas, como también la labor de los médicos y profesionales de la salud de los hospitales públicos porteños, en otros organismos.

También se declaró “Huésped de Honor” de la Ciudad al músico y compositor británico Roger Waters, que se encuentra brindando recitales en el estadio de River Plate sito en el barrio de Nuñez.

Asimismo, la Legislatura rechazó las declaraciones pronunciadas tiempo atrás por el Primer Ministro británico David Cameron, cuando calificó de "colonialista" a la Argentina, y las palabras "pro-inglesas" expresadas por la periodista Sylvina Walger "en relación con el reclamo soberano argentino con respecto a las Islas Malvinas".

Finalmente los diputados también cuestionaron las declaraciones efectuadas por el ex dictador Jorge Videla, que reivindicó el accionar represivo de la última dictadura.

RENUNCIO EL SECRETARIO DE TRANSPORTE JUAN PABLO SCHIAVI

Finalmente como el título de la película “CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA” renunció el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, 2 semanas después de haberse producido la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 51 trabajadores y quedaron heridas otras 700 personas más.

La permanencia de Schiavi al frente de la Secretaría Transporte quedó seriamente comprometida paradójicamente por las infelices palabras que pronunciara cuestionando la imprudencia de los pasajeros y no por la pésima gestión general que tuvo al frente del organismo que encabezaba.

Cabe consignar que su antecesor el ex funcionario Ricardo Jaime sospechado de corrupción durante su larga gestión se encuentra procesado por supuestas connivencias con los concesionarios y por recibir dádivas de los mismos.

El lic. Juan Pablo Schiavi fue Jefe de campaña de Mauricio Macri en el año 2003, luego fue Ministro de Obras Públicas de Jorge Telerman y finalmente ingresó como funcionario del kirchnerismo cumpliendo un rol a todas luces ineficaz.

Schiavi, a quien el juez Claudio Bonadío le prohibió la salida del país, se encuentra restableciendo de una operación del corazón a la que fuera sometido el 29 de febrero, ha sido reemplazado por el intendente de Granadero Baigorria (en uso de licencia) Alejandro Ramos.

Lo que no podemos comprender de ninguna forma fueron las elogiosas palabras que virtió el Ministro de Infraestructura de la Nación Ingeniero Julio Devido sobre la tarea desarrollada por el ex Secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, que fuera incluso vivado por la concurrencia. Realmente un verdadero despropósito, posiblemente para desviar el centro de la atención y deslindar responsabilidades que a todas luces fueron exclusiva competencia del Ministro del área y del propio funcionario separado por el clamor popular y el puño firme de la presidente de la Nación.

Esperemos que las cosas cambien en este organismo tan importante para la vida de los argentinos.

CIERRAN GRADOS EN LA ESCUELA PUBLICA Y AUMENTAN LOS SUBSIDIOS PARA LA ENSEÑANZA PRIVADA

Por resolución de fecha 29/02/2012 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se ha dispuesto el cierre de 221 cursos de la escuela pública, distribuidos de la manera que sigue:
• 143 grados de la escuela primaria.
• 53 divisiones de la escuela secundaria.
• 25 divisiones de las escuelas técnicas.

Mientras esto sucede, según podemos leer en el cuadro que encabeza la nota, el GCBA tiene contemplado subsidiar durante el año 2012, a la enseñanza privada por un importe total de $ 1.332.869.952.-, monto muy superior al acordado en el año anterior.

No creemos que solo se deba impartir la enseñanza pública a los alumnos, ya que los padres tienen la potestad de enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales que a su criterio contribuyan para lograr la mejor formación posible.

Pero los padres seguramente envían con gran esfuerzo a sus niños a la escuela privada porque no encuentran respuestas aceptables en la escuela pública y esto es así porque se produce un círculo vicioso ya conocido: No hay recursos para la pública, entonces se deteriora la calidad educativa, por ello, los padres los envían a las escuelas privadas y el estado en lugar de potenciar y dinamizar la enseñanza estatal, la sabotea.

Pues resulta mucho más fácil entregar subsidios a los establecimientos privados que atender integralmente la educación como corresponde, como decíamos no hay recursos por una decisión política y aparte filosóficamente se alienta el crecimiento de la actividad privada en todos los ámbitos incluso el educativo, despegándose de tal manera la administración porteña de las obligaciones que le representarían atender cualitativamente y cuantitativamente a los alumnos año tras año.

Tampoco podemos decir que se tratan de subsidios similares a los que otorga el estado nacional hasta el presente por ejemplo a TBA y otros concesionarias que con una simple DDJJ reciben millonarios desembolsos, pues aquí el estado local lo que hace es contribuir de alguna manera con la nómina del personal docente y no docente involucrado en la educación, ahorrando entre comillas, los gastos fijos, las amortizaciones, los mantenimientos, los alquileres o las inversiones en propiedades, rodados, elementos varios, que en este caso debe aportar el dueño del establecimiento religioso o laico que imparte enseñanza privada.

Tampoco hay que olvidar que en los establecimientos de la enseñanza privada el trabajo de los docentes en nada difiere respecto a los de la enseñanza pública, posiblemente incluso los no estatales tengan menores salarios, mayores cargas horarias y se encuentran sometidos a controles y sanciones mucho más rigurosas que en la educación pública.

Pero dice el refrán: QUE LE HACE UNA MANCHA MAS AL TIGRE….

NUEVO PROCURADOR DE LA CIUDAD
El abogado Julio Marcelo Conte-Grand propuesto por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, para cubrir la vacante dejada por Ramiro Monner Sans, fue designado Procurador General de la Ciudad tras ser aprobado su pliego por la Legislatura porteña. Ambos apellidos muy ligados a la escena política nacional.

Votaron positivamente su designación 30 legisladores (la mayoría del PRO), 3 rechazaron la postulación y los restantes 26 se abstuvieron de respaldarla.

El Procurador General tiene la responsabilidad de dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos del gobierno porteño, ejercer la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Además, representa a la Ciudad frente al estado nacional, las provincias o países extranjeros que lesionen los derechos o intereses de la ciudad.

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